La Justicia inicia las indagatorias por corrupción en la Agencia de Discapacidad

18/11/2025 | Los investigadores buscan determinar si funcionó un entramado de sobornos que generó contratos con sobreprecios por más de $43.000 millones. Calvete abre la ronda de declaraciones; Spagnuolo lo hará un día después.

Mañana será el turno de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y clave en la investigación por la presunta organización ilícita.

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra desde este martes en su etapa más delicada. Tras tres meses de secreto de sumario, el juez Sebastián Casanello iniciará una ronda de indagatorias que apunta a reconstruir si dentro del organismo funcionó un esquema de pagos ilegales, direccionamiento de expedientes y contrataciones con sobreprecios que habrían superado los $43.000 millones entre julio de 2024 y agosto de 2025.

El primero en declarar será el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como una de las piezas centrales del circuito que investiga la Justicia. Un día después será el turno de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y considerado por los investigadores como posible cabeza de la presunta organización ilícita. Ambos abrirán una secuencia de citaciones que incluye a exfuncionarios, empresarios farmacéuticos, prestadores médicos, operadores internos y externos, y familiares vinculados a los involucrados.

Un entramado que apunta al corazón de la operatoria

La causa ya dejó una primera detención: Pablo Atchabahian, urólogo y exfuncionario de la Agencia, fue arrestado luego de negarse a declarar y permanece con prisión domiciliaria. Su nombre aparece reiteradamente en los chats y documentos que analizó la Justicia, que lo ubican como un articulador entre las decisiones internas, los proveedores y los beneficios obtenidos.

Además de Spagnuolo, Calvete y Atchabahian, el expediente involucra al exsubdirector de la ANDIS Daniel María Garbellini; a Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y a Lorena Di Giorno, referente del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Según la investigación, su participación habría sido clave en la manipulación administrativa que permitió aprobar expedientes con valores inflados o direccionados.

Laboratorios, droguerías y operadores externos bajo la lupa

Una de las líneas más sensibles de la causa es la que analiza la interacción entre funcionarios y actores privados del sector farmacéutico. Entre ellos aparece Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien habría intervenido de manera informal en gestiones internas por pedido de Atchabahian, pese a no tener un rol oficial en el organismo.

La Justicia también detectó vínculos irregulares con las droguerías New Farma y Floresta. Sus titulares, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta -pareja y ambos citados a indagatoria-, habrían formado parte de un circuito de facturación coordinado con otras firmas del sector como Profarma y Génesis. Otro de los nombres clave es el de Patricio Gustavo Rama, director suplente de New Farma, cercano a Calvete y Atchabahian tanto en lo personal como en lo comercial.

La trama alcanza además a Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete, acusada de movilizar parte del dinero en efectivo, y a Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, quienes habrían trasladado fondos a través de empresas de aviación privada como Baires Jets y Baires Fly, que aparecen mencionadas en el expediente.

La estrategia judicial y lo que viene

Según el fiscal Franco Picardi, los elementos reunidos hasta ahora muestran un “esquema articulado” dentro de la Agencia, sostenido por el uso del sistema informático SIIPFIS para dar apariencia de transparencia a contrataciones que habrían estado previamente direccionadas. El Ministerio Público detectó movimientos de efectivo, transferencias bancarias y emisión de cheques que indicarían maniobras de blanqueo vinculadas al circuito investigado.

La semana de indagatorias será determinante para definir si Casanello decide avanzar con procesamientos, medidas de prueba adicionales o posibles detenciones. Con 15 imputados citados en un cronograma que se extenderá hasta el 5 de diciembre, el expediente se encamina a cerrar un primer capítulo clave que podría reconfigurar la situación judicial de todos los involucrados.