El nuevo memorando entre Paraguay y El Salvador abrió una etapa en la que la modernización del Estado vuelve a situarse como prioridad política. El acuerdo, centrado en formación de funcionarios, intercambio técnico y construcción de capacidades, refleja la necesidad paraguaya de fortalecer su aparato administrativo ante un escenario de exigencias fiscales y presión por resultados. El Salvador aporta un modelo que se presenta como exitoso en innovación pública y digitalización, habilitando una colaboración Sur–Sur que busca acelerar reformas que históricamente avanzaron de forma lenta.
En paralelo, el precedente firmado entre Costa Rica y Estonia ilustra una vía diferente para abordar la transformación estatal. Allí, la cooperación se basa en la adopción de plataformas estructurales como X-Road, el intercambio de datos y la articulación de pilotos tecnológicos. El énfasis costarricense está en modernizar la infraestructura digital y reducir brechas dentro de un modelo institucional que ya venía transitando reformas profundas, permitiendo que Estonia funcione como referencia global en gobernanza digital.
Ambos acuerdos coinciden en su apuesta por intercambios de conocimiento, profesionalización y actualización tecnológica, pilares que se consolidan como motores de cambio en los Estados latinoamericanos. Tanto la experiencia salvadoreña en innovación administrativa como el ecosistema estonio de gobierno digital funcionan como fuentes de legitimidad técnica para los países receptores, que buscan fortalecer su institucionalidad sin depender exclusivamente de consultorías externas de mayor costo o alcance restringido.
Aun así, cada caso se encamina por una ruta específica. Paraguay apuesta por consolidar capital humano y metodologías de gestión, mientras Costa Rica prioriza infraestructuras digitales y marcos regulatorios modernos. Esta diferencia revela etapas distintas de madurez institucional: uno se enfoca en reforzar las bases del aparato administrativo, y el otro en completar una transición hacia un ecosistema estatal interoperable.

El éxito de ambos procesos depende de la capacidad de los gobiernos para sostener financiamiento, estabilidad política y continuidad técnica. Si bien los acuerdos ofrecen un marco de cooperación flexible, su impacto real requiere que los países traduzcan las intenciones iniciales en reformas internas verificables, evitando que queden como ejercicios diplomáticos sin efectos medibles en servicios públicos o eficiencia institucional.

La comparación entre los dos modelos evidencia que la modernización estatal en la región no sigue una única fórmula. Mientras algunos países necesitan construir capacidades desde la gestión, otros avanzan hacia infraestructuras digitales más complejas. Lo central será que estas alianzas se transformen en resultados concretos para los ciudadanos, manteniendo coherencia entre visión política, planificación técnica y ejecución sostenida.