El tribunal ordenó avanzar sobre 122 bienes inmuebles vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, considerados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos, productos o activos surgidos durante la maniobra fraudulenta investigada entre 2003 y 2015.
El monto original del decomiso, fijado en $84.835 millones, fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, cifra avalada por la propia Corte Suprema. Ante el incumplimiento de los condenados, el TOF 2 ordenó ejecutar la realización y posterior venta de los bienes.
Entre los activos figuran hoteles, terrenos y departamentos distribuidos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de propiedades pertenecientes a sociedades del grupo Báez como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
El decomiso incluye también un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia. Todo será inscrito en la Base General de Bienes Secuestrados y puesto bajo la administración de la Corte, que deberá definir los procesos de subasta.
La sentencia, basada en estándares internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, sostiene que no es necesaria una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable entre los bienes y los beneficios obtenidos ilegalmente.
El fiscal Diego Luciani había anticipado semanas atrás que el paso siguiente era “ir por los bienes”, tras el vencimiento del plazo para el pago solidario equivalente a unos 500 millones de dólares. Tanto él como el fiscal Sergio Mola reclamaron al TOF 2 que ejecutara la medida de forma inmediata.
Con esta resolución, la causa Vialidad entra en una nueva etapa, cuyos efectos patrimoniales tendrán impacto directo en el entorno de la ex mandataria, hoy con prisión domiciliaria, y en la estructura económica del grupo Báez.
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