Citan a indagatoria a un juez federal acusado por la fuga de 10 millones de dólares

El titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, Gastón Salmain, fue citado a declaración indagatoria para el próximo 25 de noviembre en el marco de una causa en la que está acusado de integrar una asociación ilícita junto al financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche. Según la investigación, el trío habría intervenido en una maniobra destinada a habilitar la salida de 10 millones de dólares hacia cuentas del exterior entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

El Ministerio Público Fiscal imputó al magistrado por cohecho pasivo agravado por su condición de juez federal y por prevaricato. En un legajo penal conexo, también se lo investiga por abuso de autoridad, lo que motivó allanamientos y el secuestro de documentación, computadoras y su teléfono celular la semana pasada.

La medida fue impulsada por un equipo de fiscales integrado por Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, del Área de Litigio Complejo de la Unidad Fiscal Rosario; el fiscal general Diego Velasco y Juan Argibay Molina por la PROCELAC; y Sergio Rodríguez junto a Esteban Venditti por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Tras evaluar los elementos reunidos, el juez federal Carlos Vera Barros -a cargo del Juzgado N°4- ordenó la indagatoria de Salmain, aunque rechazó el pedido de detención debido a la inmunidad de arresto prevista por la Ley de Fueros.

En la misma resolución, fechada el 13 de noviembre, Vera Barros convocó a indagatoria a Busaniche para el 26 de noviembre y a Whpei para el 27. Ambos, junto a Salmain, aparecen vinculados además en una trama de extorsiones a empresarios rosarinos, en la que figuran como imputados el exjuez Marcelo Bailaque y el exdirector de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna.

Según la fiscalía, los acusados “formaron parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos” y direccionaron un expediente radicado en el juzgado de Salmain para favorecer operaciones del grupo empresarial ligado a Whpei. La maniobra se habría articulado a través de una demanda declarativa de inconstitucionalidad presentada por Attila Fideicomisos SRL contra resoluciones del Banco Central que limitaban el acceso al mercado de cambios para cancelar deudas previas a septiembre de 2019.

Attila solicitó como medida cautelar urgente autorización para usar fondos en pesos y comprar dólares hasta completar 10 millones de dólares, y luego transferirlos a una firma acreedora en el exterior. A cambio, indica la investigación, Busaniche y Salmain exigieron un pago equivalente al 10 por ciento de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, cifra cercana a los 200 mil dólares.

La cronología del expediente muestra una sucesión de decretos y resoluciones dictadas por el juez Salmain entre noviembre y diciembre de 2023, en plazos inusualmente veloces: formalización de la demanda, traslado al BCRA, cierre anticipado de plazos, concesión de la cautelar y rechazo de los recursos del Banco Central. Todo ese proceso, según el MPF, configuró un direccionamiento deliberado.

El esquema delictivo comenzó a resquebrajarse durante la corrida cambiaria del 13 de diciembre de 2023, cuando surgieron diferencias respecto del porcentaje del retorno pactado. Luego de ese quiebre, Salmain remitió el expediente al Ministerio Público Fiscal y denunció una presunta estafa procesal por parte de Attila SRL. Pero para la fiscalía, ese giro no neutraliza la evidencia previa.

La Cámara Federal de Rosario, en una resolución del 1° de marzo de 2024, señaló además que no había pruebas suficientes sobre la existencia real de la deuda que Attila alegaba para justificar la operación.

Paralelamente, Salmain enfrenta un expediente por abuso de autoridad. Según la acusación, intentó obtener información de la causa que lo involucra utilizando su investidura y enviando un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para identificar a los agentes que participaron del secuestro de su celular y la requisa de su vehículo.