Piden elevar a juicio la causa por el secuestro y muerte del empresario Tallone: apuntan a un abogado como organizador

La causa por el secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario Gastón Alfredo Tallone avanzó hacia una etapa decisiva. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que ocho imputados sean enviados a juicio oral por su presunta participación en el hecho ocurrido en julio de 2024, en la zona del Abasto.

La víctima continúa desaparecida, pero para la fiscalía no hay dudas sobre su destino: “A pesar de no contar hoy con el cuerpo de quien en vida fuera Gastón Alfredo Tallone, distintos argumentos precisos y contundentes permiten tener por acreditado (…) que al nombrado se le dio muerte con posterioridad a su cautiverio”, sostuvo el representante del Ministerio Público en su presentación.

El requerimiento recayó en el Juzgado Federal N°1 a cargo de María Servini. Allí, Stornelli señaló como figura central al abogado José Alberto Tomás Uriburu, a quien considera responsable de concebir y dirigir la maniobra. Lo acompañan en la acusación Gustavo Adolfo Juliá -condenado en España por el tráfico de casi una tonelada de cocaína en el caso “narcojet”- y otros seis hombres vinculados a distintas etapas del plan: Alejandro Nicolás Ficcadenti, Sergio Gabriel Di Vanni, Juan Mauricio Zabaleta, Cristian Mariano Gauna, Juan Carlos Miró y L.G.L., este último declarado arrepentido.

Todos habían sido procesados por secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, la intervención de varias personas y la muerte intencional de la víctima, un delito que prevé prisión perpetua. La investigación comenzó el 11 de julio de 2024, cuando la fiscal Josefina Minatta detectó, en el marco de otra causa, escuchas telefónicas que daban cuenta del secuestro. Al confirmarse que los hechos habían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, el expediente pasó a la fiscalía de Stornelli.

Según la imputación, Tallone fue interceptado el mediodía del 8 de julio en la calle Anchorena. Miró y Gauna lo trasladaron hasta una propiedad de Benavídez que funcionó como lugar de cautiverio. El fiscal detalló que el Volkswagen Gol utilizado para ese tramo fue aportado por Juliá y que Uriburu acompañó la maniobra con su Audi Q3. Desde allí, la víctima fue obligada a gestionar fondos a través de una persona de confianza. El rescate se pagó esa misma noche en una estación de servicio de Núñez, por un monto no menor a 65 mil dólares.

Sin embargo, el pago no significó la liberación. Por el contrario, los captores continuaron enviando mensajes extorsivos al hijo de Tallone. Algunos de ellos aseguraban que la víctima “come, duerme” o que “solo queremos lo nuestro”. En otros aparecían acusaciones sobre supuestas deudas y amenazas destinadas a prolongar la presión. El 13 de agosto, el hijo recibió audios atribuidos a su padre. La pericia determinó que no eran genuinos: “Las grabaciones podrían ser el resultado de una edición (…) carecían de la naturalidad típica del habla espontánea”, concluyó la División Acústica Forense de la Policía Federal.

La fiscalía reconstruyó la última actividad telefónica del empresario, revisó cámaras de seguridad y analizó la ausencia total de movimientos migratorios. También verificó que su pasaporte seguía en el hotel donde se hospedaba. Para Stornelli, esos elementos muestran una única conclusión posible: que Tallone fue asesinado luego del secuestro. El testimonio del arrepentido L.G.L. sumó un dato estremecedor: según relató, Gauna le dijo que “Uriburu se volvió loco y al empresario lo mató con una pala de cavar” y que el cuerpo fue llevado a la zona de Campana, donde “lo prendimos fuego”.

El posible móvil aparece vinculado a disputas económicas. Stornelli señaló que los conflictos entre Tallone y Uriburu giraban en torno a un depósito fiscal en Concepción del Uruguay y a presuntas deudas relacionadas con actividad ilícita. Un preso por narcotráfico, citado como testigo, sostuvo que entre ambos “había un problema de plata” y mencionó una suma de 300 mil dólares.

La acusación sostiene que cada uno de los imputados cumplió un rol específico: desde la captación y el traslado, hasta el cobro del rescate y la emisión de mensajes extorsivos. Para la fiscalía, todos integraron una estructura criminal estable, organizada y con reparto funcional de tareas, motivada por un conflicto económico profundo con Tallone.

El caso avanza ahora hacia la posibilidad de un juicio oral en el que se intentará reconstruir un secuestro sin cuerpo, sostenido por escuchas, pericias, análisis de movimientos y el impacto de una declaración que describe el destino final de la víctima. Para Stornelli, “la falta de evidencia directa de su bienestar” y la manipulación de comunicaciones “sugieren el peor de los escenarios”.