Los hallazgos sobre el albergue Niños de México expusieron un entramado de violencia sostenida durante más de medio siglo. Testimonios, documentos y una investigación independiente demostraron que menores bajo custodia privada quedaron atrapados en dinámicas de abuso sexual, castigos físicos y vigilancia religiosa que anulaban cualquier forma de supervisión externa. La intervención estatal de 2025, que rescató a 37 niños, confirmó la magnitud de un daño acumulado por años de encubrimiento.
El impacto fue inmediato: las autoridades reconocieron que el modelo de internamiento prolongado, financiado por redes religiosas y sin auditorías constantes, generó condiciones donde la impunidad se volvió norma. La estructura de los albergues permitía que decisiones críticas quedaran en manos de directivos con escasa rendición de cuentas, consolidando un sistema cerrado donde los abusos se repetían incluso después de denuncias formales.
El caso de Casitas del Sur, aunque distinto en origen, reflejó patrones similares: desaparición de menores, registros inconsistentes, aislamiento de familias y un manejo interno opaco que dificultó la actuación de las autoridades. La CNDH documentó fallas profundas en la trazabilidad de los niños bajo resguardo, al tiempo que investigaciones señalaban prácticas de adoctrinamiento y posibles redes de traslado irregular de menores.
Ambos episodios evidencian una constante: los albergues privados operan dentro de un espacio gris donde la supervisión estatal llega tarde o de manera fragmentada. La falta de auditorías periódicas, la permisividad para estructuras cerradas y la delegación de funciones de protección infantil a organizaciones sin estándares homogéneos han permitido que la vulnerabilidad institucionalizada se repita en distintos puntos del país.
🔴 Rescatan a más de 100 menores en CDMX y Sinaloa
— La Jornada (@lajornadaonline) October 31, 2025
En ambos casos las autoridades investigan un posible esquema de explotación laboral, por lo que ya se abrieron las correspondientes carpetas de investigación.
En la capital, resguardan a 80 niñas y adolescentes de dos sedes del… pic.twitter.com/pJJ8pJO03O
Las consecuencias de estos casos superan la gravedad individual y apuntan a la necesidad de revisar a fondo el sistema de cuidados alternativos. México enfrenta el desafío de articular protocolos unificados, homologar criterios de ingreso y salida de menores y establecer sistemas de verificación independientes. Sin estos elementos, la distancia entre la norma y la práctica seguirá alimentando espacios donde el abuso puede persistir.

El debate que ambos casos reabrieron se centra en cómo garantizar transparencia, trazabilidad y vigilancia continua en instituciones que ejercen autoridad sobre niñas, niños y adolescentes. El país tiene la oportunidad de reformar un modelo que ha mostrado fallas estructurales y, al mismo tiempo, sentar bases para un sistema que priorice la integridad de los menores sobre cualquier interés institucional.