El reciente bombardeo ejecutado por el Ejército en el Guaviare, que causó la muerte de ocho menores de edad, instaló nuevamente un debate que Colombia no ha resuelto: cómo operar militarmente contra grupos armados que incorporan adolescentes en sus filas. Las declaraciones del comandante Luis Emilio Cardozo, quien defendió que los jóvenes constituían un "objetivo militar lícito", profundizaron la polémica al plantear un choque entre la legalidad operacional y la sensibilidad moral.
El episodio se produce en un contexto de creciente reclutamiento forzado, denunciado por la Defensoría del Pueblo. Comunidades de Meta, Guaviare y Putumayo advierten que disidencias buscan menores incluso desde edades tempranas, integrándolos en actividades de combate, logística o vigilancia. Esta realidad erosiona la frontera entre civil y combatiente, complicando la aplicación del principio de distinción previsto por el Derecho Internacional Humanitario.
La presencia de adolescentes en campamentos de estructuras como la de "Iván Mordisco" responde a dinámicas de reclutamiento que han convertido a los menores en activos funcionales dentro del aparato militar ilegal. Para las Fuerzas Militares, este involucramiento constituye participación directa en hostilidades. No obstante, organizaciones humanitarias sostienen que, sin importar su rol, los jóvenes deben ser tratados prioritariamente como víctimas de un crimen de guerra, lo que genera una tensión interpretativa que se intensifica en el terreno.
En el operativo del Guaviare, inteligencia señalaba que el campamento funcionaba como centro de instrucción donde convivían mandos, reclutas y adolescentes vinculados a tareas de combate. La ausencia de bajas militares y el carácter letal del ataque reactivaron cuestionamientos sobre el grado de precaución y proporcionalidad, especialmente cuando existían indicios previos de presencia juvenil en el objetivo.
“Lo que sí sabíamos era que la probabilidad de que existieran menores ahí era alta, por el reclutamiento, pero la certeza de si estaban ahí o no, no la hay”.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2025
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio detalles de la operación ofensiva en Guaviare que dejó un saldo de 11 menores… pic.twitter.com/GKIlbcily3
La muerte de menores en una acción estatal tiene un efecto directo en la política de seguridad, pues aumenta los costos políticos y tensiones diplomáticas, y obliga al Gobierno a revisar sus protocolos para operaciones aéreas en zonas donde el reclutamiento es estructural. También evidencia los límites de una estrategia híbrida que combina negociaciones fallidas con ofensivas de alto impacto en territorios dominados por grupos que usan a menores como escudo y fuerza operativa.
Esta es la nueva amenaza de alias Iván Mordisco, quien aseguró que hará "un juicio revolucionario" por el bombardeo contra sus filas en el que murieron siete menores en Calamar, Guaviare. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/0EruWV79WJ
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 19, 2025
El país enfrenta el reto de equilibrar efectividad militar y protección reforzada de la niñez, en un escenario donde la información es escasa y la capacidad estatal limitada. La discusión trasciende lo jurídico e implica determinar si es viable ejecutar operaciones quirúrgicas en selvas remotas sin exponer a los menores reclutados a un riesgo fatal. La forma en que Colombia resuelva este dilema marcará su legitimidad institucional y su capacidad para impedir que nuevas generaciones sean absorbidas por un conflicto persistente.