La SRA baja al barro de la pelea impositiva bonaerense: rechaza las facultades delegadas a Kicillof

La Sociedad Rural Argentina (SRA) salió esta semana a rechazar públicamente la Ley Impositiva que debate la Legislatura bonaerense, luego de reunirse con bloques opositores para plantear su preocupación por el Inmobiliario Rural y por las facultades delegadas que el proyecto otorga al gobernador Axel Kicillof para intervenir en valuaciones, bonificaciones y actualizaciones del tributo.

La entidad que preside Nicolás Pino hizo especial hincapié en su rechazo a los topes establecidos en el impuesto y, sobre todo, a las atribuciones que el Ejecutivo bonaerense tendría en materia tributaria.

Ese planteo fue trasladado en las reuniones con legisladores opositores, donde los ruralistas advirtieron que la norma “vacía de contenido el rol legislativo” en materia impositiva, según señaló a NewsDigitales el economista jefe de la entidad, Ezequiel de Freijo.

Manifestamos nuestra preocupación frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y reclamamos que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural.…

— Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) November 18, 2025

El tope del 128% en el Inmobiliario Rural que pone en alerta a la SRA

La SRA concentró su análisis en el capítulo del impuesto Inmobiliario Rural. Si bien coincidió con el planteo de ARBA sobre la invariabilidad de la estructura tributaria -el proyecto mantiene los coeficientes de actualización, rangos de alícuotas y criterios de valuación aplicados en 2024-, cuestionó los topes establecidos.

En esa dirección, la entidad advirtió que el proyecto incorpora un elemento nuevo: el artículo 10 establece que el impuesto resultante no podrá superar la variación del IPC entre febrero de 2024 y noviembre de 2025, que la Rural estima en torno al 128%.

“Si se mantienen las valuaciones fiscales, los coeficientes y el mismo rango de alícuotas, ¿cuál es el sentido de establecer un tope?”, planteó de Freijo. La entidad interpreta que el tope podría estar vinculado a la posibilidad de aplicar un revalúo durante el año fiscal, algo que el propio proyecto habilitaría más adelante.

Revalúo y facultades delegadas: el artículo 133 en el centro de la pelea

El punto más sensible para la Sociedad Rural aparece en el artículo 133. El primer párrafo prorroga por un año la realización del revalúo general, pero el siguiente “habilita” al Poder Ejecutivo a llevarlo adelante de todos modos y aplicar las mutaciones que resulten del proceso dentro del mismo ejercicio.

Para el economista, esto implica una delegación hacia Axel Kicillof: “El Ejecutivo le pide al legislador que le dé esa potestad. Eso lo tienen que decidir los legisladores, no delegarlo”.

La combinación del tope del 128% con la posibilidad de revaluar introduce, afirman, un nivel de discrecionalidad tributaria que la SRA considera “riesgoso”.

Bonificaciones, intereses y el antecedente de 2024

La Rural también cuestiona otros tramos de la norma que otorgan al Ejecutivo la facultad de fijar bonificaciones y aplicar intereses a cuotas no vencidas. Históricamente, estos beneficios formaron parte de la ley y funcionaron como estímulo al cumplimiento.

“Las bonificaciones las tiene que definir la Legislatura. Ya nos pasó en 2024 que nos las sacaron. Si se quiere premiar al cumplidor, que la Cámara establezca el porcentaje, como siempre fue: 15%, pago anticipado, débito automático”, remarcó el economista. Para la entidad, mantener esos incentivos bajo control legislativo es clave para garantizar previsibilidad.

El lobby rural en la Legislatura: reunión con bloques opositores

En paralelo al análisis técnico, la SRA activó su estrategia política. De Freijo confirmó a este medio que mantuvieron encuentros con referentes del PRO, la Coalición Cívica y la UCR - Cambio Federal para exponer los puntos más sensibles del proyecto.

“Planteamos artículo por artículo. Ellos lo habían interpretado en la misma línea”, afirmó. Según pudo reconstruir este medio, algunos de esos señalamientos fueron incorporados en el dictamen de minoría que presentaron los bloques críticos y en otros hubo diferencias.

Además de los capítulos rurales, la entidad observa ajustes en tasas fijas para cargas y descargas en puertos, modificaciones en valores de importaciones y cambios en el Código Fiscal y la Ley de Procedimientos. Son normas de alcance general, pero que también impactan de manera indirecta en actividades agropecuarias.

Desde la SRA aseguran que seguirán el tratamiento legislativo en las próximas horas y no descartan nuevas reuniones con los bloques para insistir en los puntos que consideran “sensibles para la institucionalidad tributaria”.

Por otra parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), más identificada con la problemática bonaerense, centró públicamente sus críticas la prórroga de la cuota adicional del Inmobiliario Rural a pagar en diciembre del 2025 y aunque advierte sobre subas de entre el 80 y 100% aún analiza técnicamente la propuesta para dar su posición pública. 

Presupuesto y ley fiscal, con despachos de mayoría y minoría

De las tres leyes clave que Axel Kicillof envió a la Legislatura, logró dictámenes de mayoría en la Comisión de Presupuesto de Diputados para dos de ellas, que saldrán sin modificaciones.

El Presupuesto y la Ley Fiscal obtuvieron despacho favorable con las firmas de los ocho legisladores del peronismo, incluidos los de La Cámpora y el Frente Renovador. Distinto fue el caso de la Ley de Financiamiento –endeudamiento-, donde esos sectores pospusieron la discusión hasta el martes.

En la oposición -y con La Libertad Avanza adelantando que no avalará ninguna ley sin recortes de gastos-, el espacio que reúne a lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio (UCR, PRO y el monzoísmo) firmó un dictamen de minoría que introduce cambios, algunos en línea con los pedidos de la Sociedad Rural.

Según pudo saber NewsDigitales, entre las modificaciones propuestas para el Inmobiliario Rural solicitaron “que las bonificaciones sean por ley y no una facultad del Ejecutivo”.

Sin embargo, no objetan los topes del tributo y difieren del cálculo del 128%: “Están tomando enero, que tuvo un 23,5% de inflación, pero no se toma en cuenta porque es desde febrero de 2024 a noviembre de 2025 y equivale a un 105,3%. Si no ponemos ese tope, y con la estructura del impuesto que quedó igual, se aumentaría muchísimo. Eso se puso para que no pase”, explicaron.

Ese sector también destacó negociaciones para eliminar la quinta cuota y sumar un artículo que otorgue una quita a productores afectados por inundaciones. Además, pidieron eliminar artículos vinculados a actividades portuarias que afectan de manera indirecta a los productores: es un “extraordinario” creado en 2020 y que nunca se dio de baja. Los dos despachos serán puestos a discusión cuando se fije la fecha de tratamiento en el recinto.