25/02/2026 - Edición Nº1114

Política

Juicio en Paraguay

La Justicia paraguaya cierra el cerco a Kueider: ¿qué pasará el lunes?

20/11/2025 | El exsenador argentino y su secretaria, Iara Guinsel, deberán presentarse ante un tribunal paraguayo por la tentativa de ingresar grandes sumas sin declarar. También enfrentan un pedido de extradición por presunto lavado de activos.



Un Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos de Paraguay confirmó para el lunes 24 de noviembre el inicio del juicio oral contra el exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, acusados por presunta tentativa de contrabando. Ambos habían intentado frenar la convocatoria con una apelación ante la Corte Suprema, pero los jueces consideraron que el planteo busca únicamente dilatar el proceso.

Kueider y Guinsel quedaron imputados tras el operativo realizado en diciembre de 2024, cuando intentaron ingresar al territorio paraguayo portando USD 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, todo sin declarar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) pese a la obligación legal por el volumen del dinero transportado.

La integración del tribunal está compuesta por las magistradas Adriana Planás y Elsa García, junto al juez Matías Garcete, quienes ratificaron la fecha del debate oral y descartaron suspensiones adicionales. Sostuvieron que no existe motivo jurídico para paralizar el avance del expediente.

A la par del juicio por contrabando, tanto el exlegislador como su colaboradora enfrentan un proceso de extradición requerido por la Justicia argentina, que los investiga por presunto lavado de activos. En la actualidad ambos continúan bajo arresto domiciliario a la espera de definiciones en las dos causas.

De acuerdo con la investigación en Paraguay, Kueider y Guinsel habrían conformado, junto a terceros y a través de las firmas BETAIL S.A. y EDEKOM S.A., una estructura destinada a canalizar operaciones económicas y financieras de manera habitual para blanquear fondos de origen ilícito. Las maniobras, según los fiscales, incluirían movimientos dentro del sistema financiero local e internacional, operaciones con criptoactivos y la compra de bienes muebles e inmuebles, en un período que se remontaría a 2017 y se extendería hasta la actualidad.