El presidente Javier Milei oficializó el desembarco de Lisandro Catalán en el directorio de YPF, una movida que reavivó las discusiones sobre los sueldos que perciben los representantes del Poder Ejecutivo en la compañía. La novedad tomó fuerza cuando se conoció que el ex funcionario cobrará alrededor de 140 millones de pesos mensuales, sólo quince días después de haber dejado el Ministerio del Interior.
Catalán había solicitado un sillón en la petrolera no por su trayectoria en el sector energético -es abogado- sino por las remuneraciones que perciben los directores dentro de la estructura de la empresa, administrada bajo un esquema público-privado. Investigaciones periodísticas descubrieron que esa era su aspiración, mientras que el portal especializado EconoJournal confirmó que ocupará la vacante que pertenecía a Carlos Bastos, exsecretario de Energía durante la gestión de Domingo Cavallo, que se había incorporado a YPF tras asumir Horacio Marín como titular de la firma.
La petrolera, de hecho, se transformó en un refugio para varios ex funcionarios de la administración libertaria. Guillermo Francos, que dejó la Jefatura de Gabinete semanas atrás, también permanece en el directorio, aunque todavía no se ha aclarado si percibe honorarios por ese rol. A su vez, continúa en su puesto Eduardo Rodríguez Chirillo, quien renunció a la Secretaría de Energía hace más de un año, pero retuvo su lugar en la mesa directiva.
El cuarto integrante del bloque oficial es José Rolandi, aún funcionario de la Jefatura de Gabinete desde los tiempos de Nicolás Posse. Su presencia en YPF viene acompañada de polémicas: arrastra cuestionamientos desde que integró la comisión encargada de evaluar qué proyectos ingresan al RIGI, situación que opositores y especialistas consideran un posible caso de conflicto de intereses. Con la incorporación de Catalán, YPF vuelve a quedar bajo la lupa por el creciente peso político dentro de su directorio y las cifras millonarias que pagan esos cargos.
GZ