Los recientes bombardeos en Colombia, donde murieron niños durante operativos contra disidencias armadas, volvieron a instalar en la agenda pública la incapacidad del Estado para garantizar protección a la población más vulnerable en zonas de conflicto. Las imágenes y testimonios difundidos reabren un debate que el país arrastra desde hace décadas: el límite entre la acción militar legítima y una tragedia que afecta a quienes no tienen capacidad de decisión sobre su presencia en la guerra.
En Ucrania, aunque el escenario responde a una guerra internacional, la dinámica de víctimas infantiles muestra paralelos inquietantes. Ataques con misiles y drones han alcanzado zonas residenciales, escuelas y espacios de tránsito civil, configurando un patrón donde los menores aparecen como las primeras víctimas de disputas armadas que los exceden. La distancia geográfica no impide que los dos casos compartan una misma fragilidad estructural: la exposición absoluta de los niños ante decisiones estratégicas ajenas.
La recurrencia de muertes de menores en ambos territorios confirma un problema transversal: la incapacidad de los actores armados para garantizar el principio de distinción entre combatientes y civiles. En Colombia, la discusión gira en torno a si los adolescentes reclutados por grupos ilegales pueden considerarse objetivos militares; en Ucrania, la evidencia apunta a impactos directos en comunidades que no participan de hostilidades. Ambos contextos revelan que la retórica jurídica suele desvanecerse ante la presión operativa o estratégica.
Dinámicas políticas y responsabilidad estatal El manejo político también presenta similitudes. Tanto en Bogotá como en Kiev y las capitales que apoyan su defensa, los gobiernos enfrentan cuestionamientos internos y externos por la falta de mecanismos eficaces para prevenir muertes de menores. La lucha por imponer narrativas —ya sea de legitimidad operativa o de denuncia internacional— termina desplazando la prioridad humanitaria, mientras las instituciones acumulan costos reputacionales y éticos difíciles de revertir.
#NoticiaW | Centro Democrático no apoyará la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por el bombardeo en el que murieron varios menores: “Nos parece incoherente que después de tres años de impunidad total, en los que le pedimos a la fuerza pública y al… pic.twitter.com/MrWYcCSidv
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La convergencia entre ambos escenarios ofrece una conclusión clara: los marcos normativos existentes no garantizan por sí solos la protección de la niñez. La distancia entre el derecho y su aplicación práctica es evidente, y los Estados no han desarrollado capacidades suficientes para traducir obligaciones en salvaguardas reales. La niñez continúa siendo una zona gris, vulnerable a errores operacionales, decisiones políticas y estrategias militares que no siempre consideran el impacto sobre la población civil.
#PrimiciaBlu Este es el relato de familiar de uno de los menores que murieron en el bombardeo del Guavaire.
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 19, 2025
El menor tenía 16 años, cursaba quinto grado y había sido reclutado hace 3 meses. Sus familiares lo estaban buscando, pero las disidencias de ‘Iván Mordisco’ los… pic.twitter.com/tubBebBevn
A pesar de las diferencias estructurales entre un conflicto interno y una guerra internacional, la repetición de patrones demuestra que la protección de los menores exige una revisión profunda de los protocolos militares y de los mecanismos de supervisión humanitaria. Integrar estándares estrictos, fortalecer sistemas de alerta temprana y aumentar la rendición de cuentas podrían reducir daños futuros, aunque ninguna medida reemplaza la urgencia de colocar los derechos de los niños como prioridad innegociable.