En Costa Rica, nuevas investigaciones han expuesto que pesticidas y residuos farmacológicos están atravesando sin obstáculos las plantas de tratamiento de aguas residuales del Valle Central. Lo que inicialmente parecía un problema circunscrito al ámbito agrícola ahora se confirma también en entornos urbanos, donde usos domésticos y comerciales liberan compuestos que las infraestructuras existentes no están preparadas para eliminar por completo.
Los estudios identificaron 29 pesticidas, cinco de ellos nunca antes vistos en aguas residuales urbanas, y la persistencia de cerca de 70 fármacos, muchos clasificados como de alto peligro ambiental. En varias plantas, incluso se observó que la concentración de ciertos pesticidas aumentaba tras el tratamiento, un indicio de procesos químicos que liberan sustancias desde los sólidos o las transforman durante el ciclo de depuración.
Los dos hallazgos muestran un patrón convergente: la infraestructura de saneamiento de Costa Rica fue diseñada para un agua residual "común" que ya no existe. Tanto los pesticidas como los fárrmacos actúan como contaminantes emergentes cuyo comportamiento no había sido previsto al momento de construir o actualizar las plantas. Esto genera un punto ciego regulatorio y técnico que se vuelve más profundo conforme aparecen nuevas moléculas en el mercado.
A ello se suma que menos del 15% de la población está conectada a plantas de tratamiento modernas, lo que amplifica la vulnerabilidad ambiental. La combinación de residuos químicos urbanos, agroindustriales y domésticos crea una mezcla difícil de depurar bajo las tecnologías convencionales, que no cuentan con protocolos específicos para estas sustancias.

El avance de esta contaminación química plantea un desafío estratégico para la política pública costarricense. La creciente presencia de sustancias por encima de límites seguros para la vida acuática obliga a repensar la normativa ambiental, así como los modelos de financiamiento y reconversión tecnológica de las plantas de tratamiento. La evidencia apunta a que el país necesita ampliar tanto su capacidad de monitoreo como la precisión de sus estándares.

Por otra parte, este fenómeno revela un problema más amplio: la relación entre hábitos urbanos, uso doméstico de pesticidas, consumo farmacológico y los límites del saneamiento tradicional. La experiencia costarricense sugiere que la región enfrenta un nuevo frente de contaminación que exige inversiones sostenidas, diagnósticos más rigurosos y marcos regulatorios actualizados para evitar impactos permanentes en los ecosistemas.