Congreso comparado
21/11/2025 - Edición Nº1018
Internacionales
Control migratorio
¿La política migratoria de Chile es efectiva? 69 expulsiones despiertan controversia
20/11/2025 | La deportación de 69 extranjeros hacia Perú y Colombia se enlaza con una política más amplia en Sudamérica que asocia migración irregular y delitos graves.
Chile expulsó a 69 extranjeros y refuerza un enfoque regional que vincula migración irregular, crimen organizado y control fronterizo.
Chile consolidó una nueva fase de su política migratoria al ejecutar la expulsión de 69 ciudadanos extranjerosvinculados a delitos y procesos administrativos. El operativo, realizado mediante un vuelo chárter con destino a Perú y Colombia, reafirma la voluntad del Gobierno de reforzar la seguridad interna a través de mecanismos de repatriación acelerada. La operación se suma a más de mil expulsiones en 2025, un volumen que expresa tanto la magnitud del desafío como la prioridad política asignada al control fronterizo.
La decisión se inscribe en un escenario donde la presencia de redes delictivas transnacionales tensiona los marcos regulatorios tradicionales. En este contexto, Chile ha desplegado recursos institucionales y logísticos para responder a fenómenos que combinan migración irregular, crimen organizado y disputa territorial. El uso de vuelos chárter se ha transformado en una herramienta recurrente para aplicar la Ley 21.325 y garantizar la salida efectiva de personas involucradas en actividades ilícitas.
Chile
Chile es un país largo y angosto que se extiende por el borde occidental de Sudamérica, con más de 6,000 km de costa en el océano Pacífico. Santiago, su capital, se ubica en un valle rodeado de los Andes y la cordillera de la Costa. En la Plaza de Armas de la ciudad, bordeada de palmeras, se encuentra la catedral neoclásica y el Museo de Historia Nacional. El enorme Parque Metropolitano cuenta con piscinas, un jardín botánico y un zoológico.
Operativos regionales
La acción chilena dialoga con un patrón que se expande en la región. Diversos países sudamericanos han modernizado sus leyes migratorias para acelerar las expulsiones de extranjeros condenados por delitos graves o detectados en operaciones de seguridad. La coordinación con naciones vecinas para ejecutar retornos ha ganado protagonismo en un clima donde la movilidad humana se mezcla con dinámicas delictivas que trascienden fronteras.
La similitud entre los procedimientos -incluido el uso de vuelos especiales, la cooperación policial y la clasificación entre expulsiones administrativas y judiciales- revela una convergencia regional en la forma de abordar las amenazas percibidas. Este alineamiento no sólo responde a presiones internas por seguridad, sino también a compromisos diplomáticos que buscan evitar que las rutas migratorias deriven en corredores criminales.
Este domingo salió del país un nuevo vuelo chárter con 69 personas expulsadas✈️
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 19, 2025
En 2025, hemos concretado la salida de Chile de 1.068 personas extranjeras. Así, seguimos fortaleciendo la seguridad del país y la migración ordenada y regular. pic.twitter.com/cX1qcNI00N
Consecuencias y disputas
El avance de estas políticas abre interrogantes sobre sus efectos en términos de derechos humanos y garantías procesales. Si bien los gobiernos destacan la necesidad de expulsar a quienes representan riesgos comprobados, persisten debates sobre la rapidez de los procedimientos y la capacidad de los países de origen para recibir a quienes son retornados. La estigmatización de comunidades migrantes también emerge como un riesgo asociado a estos enfoques.
Al 31 de diciembre de 2022, la población extranjera residente en Chile alcanzó aproximadamente 1.625.074 personas.
A futuro, la región deberá equilibrar la protección de sus fronteras con políticas de integración más sólidas. La seguridad no puede quedar desligada de un manejo inteligente de la movilidad, especialmente cuando fenómenos como el crimen organizado operan de manera transnacional. La respuesta chilena, y su espejo en países vecinos, muestra que la discusión migratoria seguirá fusionándose con la narrativa sobre orden público.
