23/11/2025 - Edición Nº1020

Internacionales

Estrategias penales

Liberaciones masivas: ¿la clave del control en Nicaragua y Filipinas?

21/11/2025 | Nicaragua y Filipinas muestran cómo las liberaciones masivas o fallidas reconfiguran la seguridad y el control político en contextos de alta polarización.

Daniel Ortega.
Rosario Castagnet

Las excarcelaciones masivas en Nicaragua, impulsadas por el régimen de Daniel Ortega bajo el programa de “convivencia familiar”, se han convertido en un eje sensible del debate público. La liberación de decenas de miles de presos comunes en una década, sumada a episodios de reincidencia violenta, alimenta la percepción ciudadana de inseguridad en un país donde el control político del gobierno se extiende sobre todas las instituciones. Al mismo tiempo, el oficialismo utiliza estos actos como gestos de benevolencia, reforzando la imagen de lealtad hacia el liderazgo copresidencial.

Un fenómeno distinto, pero comparable, ocurrió en Filipinas durante el gobierno de Rodrigo Duterte, donde el programa de liberaciones anticipadas por buen comportamiento (GCTA) derivó en escándalo tras revelarse que cientos de beneficiados tenían condenas por delitos graves. Aunque el contexto político filipino es menos cerrado que el nicaragüense, la crisis expuso fallas estructurales en la gestión penitenciaria y evidenció cómo la política del orden público puede volverse un arma de doble filo para gobiernos que basan su narrativa en la disciplina y el control.

Nicaragua


Nicaragua es un país de América Central ubicado entre el océano Pacífico y el mar Caribe, conocido por su espectacular territorio con lagos, volcanes y playas. El extenso lago Managua y el icónico estratovolcán Momotombo se ubican al norte de la capital, Managua. Al sur está Granada, que se destaca por su arquitectura colonial española y un archipiélago de islotes navegables con abundantes especies de aves tropicales.

Liberaciones y control institucional

La estrategia nicaragüense conecta la excarcelación con un discurso de estabilidad familiar, pero carece de mecanismos robustos de reinserción y seguimiento que mitiguen el riesgo de nuevos delitos. La proyección pública del régimen como garante de clemencia contrasta con un sistema judicial subordinado, que limita la transparencia sobre criterios y supervisión. Esto genera un círculo donde la sensación de impunidad convive con un aparato estatal que prioriza la propaganda por encima de la seguridad.

En Filipinas, el GCTA operó como una política de recompensa al buen comportamiento, pero su aplicación errática reveló corrupción interna, ambigüedad en los criterios y una débil supervisión carcelaria. El escándalo obligó al gobierno a ordenar la vuelta de más de un millar de liberados y a remover autoridades penitenciarias, lo que evidenció la fragilidad institucional detrás de una narrativa de mano dura que había sido central para Duterte.

Impacto político y social

Ambos casos muestran que las excarcelaciones —masivas o mal gestionadas— modifican el clima social y alteran los equilibrios políticos. En Nicaragua, la liberación de presos funciona como mecanismo de legitimación interna, desviando la atención de la represión y de los presos políticos. En Filipinas, el error administrativo afectó la credibilidad de un gobierno que había construido su autoridad sobre la promesa de seguridad total.

Si bien los contextos difieren, la coincidencia es clara: cuando las liberaciones carecen de controles sólidos y de criterios verificables, la ciudadanía percibe un deterioro del orden público. Esa sensación, alimentada por la visibilidad de casos graves, termina moldeando la discusión nacional sobre seguridad y evidenciando la importancia de instituciones capaces de equilibrar reinserción social y protección colectiva.

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