La caída de una camioneta en plena huida dejó al descubierto un operativo narco de escala mayor. Dentro del vehículo, interceptado el 26 de enero en el kilómetro 896 de la ruta nacional 34, Gendarmería Nacional encontró cinco bultos escondidos bajo bolsas arpilleras. Cuando abrieron la carga, confirmaron la sospecha: 150 ladrillos rectangulares, sellados con un delfín en bajorrelieve, que sumaron 155,6 kilos de cocaína. La magnitud del hallazgo fue el punto de partida para una investigación que terminó señalando a un padre y a su hijo como presuntos organizadores de la maniobra.
Con esos elementos, el juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió procesarlos, dictarles la prisión preventiva y trabar para cada uno un embargo de 50 millones de pesos, al considerar acreditado que ambos habrían coordinado la operación desde Buenos Aires, articulando rutas, vehículos, pasadores fronterizos y contactos binacionales. La causa es instruida por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Agustín Chit, con la intervención de la auxiliar fiscal Julia Vitar.
El caso se inició el 26 de enero pasado. Ese mediodía, durante un control preventivo en la ruta 34, una Toyota Hilux gris hizo un giro brusco hacia un camino secundario para escapar del puesto. Tras un rastrillaje, los gendarmes interceptaron la camioneta y detuvieron a cuatro hombres, tres de ellos bolivianos. Consultado sobre la carga, el conductor A.A. respondió: “Lo que usted ya sabe”, frase que los investigadores interpretaron como un reconocimiento implícito.

Además del cargamento, se secuestró dinero en pesos, dólares, bolivianos y pesos chilenos; chips y tarjetas SIM de ambos países; teléfonos celulares y documentación bancaria transfronteriza. Los cuatro quedaron imputados por transporte de estupefacientes con fines de comercialización y la intervención de más de tres personas.
El avance de la pesquisa sumó un elemento clave: dos de los imputados firmaron acuerdos de colaboración, revelando cómo había sido organizada la maniobra. Ambos señalaron a un hombre boliviano identificado como R. O., residente en La Plata, como el encargado de contratarlos para trasladar la droga. También describieron que en el viaje detenido había un tercer vehículo, un Peugeot 208 conducido por M. A. O., hijo de R. O., que cumplía funciones de “puntero”, abriendo camino y avisando sobre controles.
Los colaboradores también detallaron un viaje previo de doce días en La Quiaca, donde pasadores cruzaban las mochilas cargadas de cocaína por sendas de tierra desde Bolivia. Los investigadores corroboraron la identidad de R. O. mediante RENAPER y confirmaron que era titular de tres vehículos, entre ellos la Hilux interceptada.
El análisis de los teléfonos reconstruyó la logística: contactos permanentes entre los implicados, geolocalizaciones que coincidían con rutas hacia Salta, Jujuy, Mendoza y pasos fronterizos, y comunicaciones satelitales por zonas sin cobertura. Para la fiscalía, todo conformó un circuito narco organizado y transnacional.
Con esos elementos, el fiscal Chit pidió la detención de R.O. y su hijo, el allanamiento de su domicilio en La Plata y el secuestro de autos y dispositivos electrónicos. El operativo se hizo el 17 de octubre. El padre declaró y negó los hechos; el hijo se negó a hacerlo.
Al resolver, el juez Díaz Martínez valoró la cantidad de droga incautada, la complejidad logística, los movimientos internacionales y la capacidad económica que se desprendía del análisis patrimonial. Señaló el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación por tratarse de una posible estructura criminal transnacional. Por eso dictó la prisión preventiva y el embargo de 50 millones de pesos por cada imputado, un monto proporcional al valor del cargamento secuestrado y a la escala de la organización investigada.