Nuevo obstáculo judicial para Milei: cuestionan venta de Nucleoeléctrica Argentina

La ofensiva del Gobierno para avanzar con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina sumó un nuevo obstáculo en los tribunales. El concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Martínez, presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana con el objetivo de bloquear la venta del 44% de la compañía estatal, una operación avalada por el Decreto 695/2025. El escrito reclama que la medida sea declarada inconstitucional y denuncia un impacto directo sobre la “soberanía energética”.

Se trata del segundo recurso judicial desde que se hizo pública la intención del Ejecutivo de desprenderse de parte de NA-SA, la empresa que administra las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse. A diferencia de otras privatizaciones justificadas bajo el argumento de pérdidas económicas, la firma exhibe números favorables: en el primer trimestre obtuvo ganancias por u$s 17 millones. Ese dato se convirtió en uno de los pilares del nuevo amparo, que cuestiona la lógica técnica y económica del plan oficial.

En la presentación, Martínez sostuvo: “Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados”.

La pelea por la cautelar y el fantasma de las tarifas

El amparo pide una medida cautelar urgente que suspenda cualquier avance: licitación, oferta, transferencia accionaria o modificación societaria. El objetivo es frenar el proceso hasta que la Justicia revise el fondo de la cuestión.

El escrito advierte que incluso una venta parcial generaría “distorsiones graves” en el sistema energético, con particular impacto sobre las tarifas. “Los usuarios pierden protección frente a esquemas que priorizan rentabilidad por encima del servicio”, plantea la denuncia.

La iniciativa de Martínez se suma al primer amparo, impulsado por la diputada de Unión por la Patria Gabriela Estévez, que también objetó el DNU 695/2025 y la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía. Ese expediente avanza en el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.

El reclamo político detrás del expediente

En el tramo final de su presentación, Martínez subraya la dimensión estratégica del activo que el Gobierno pretende vender: “Es un bien público construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo”.

Con dos amparos simultáneos, la disputa por Nucleoeléctrica se traslada por completo al terreno judicial. Ahora serán dos tribunales federales los que deberán definir si la privatización nuclear avanza o queda en pausa mientras crece la presión política y social en torno a uno de los activos más sensibles del Estado.