La primera imagen de Miguel Calvete detenido se conoció en las últimas horas y generó un fuerte impacto en el ámbito político y judicial. Su captura, que ocurre tras años de eludir el cumplimiento efectivo de una condena firme, reabrió preguntas sobre los vínculos que lo rodeaban y sobre el alcance del caso ANDIS, donde se investigan presuntos sobreprecios y sobornos.
Calvete fue condenado a cuatro años en 2019 por el Tribunal Oral Criminal 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hallaron culpable de facilitar el ejercicio de prostitución en departamentos porteños. La sentencia quedó firme tras un rechazo de un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia en 2024. Pero, Miguel Angel Calvete jamás fue preso.
De hecho, en el dictamen del fiscal federal Franco Picardi, que investiga los presuntos sobreprecios y sobornos en la Agencia Nacional Discapacidad (ANDIS), figura un mensaje de texto de la hija Miguel Angel Calvete dónde le advierte que no concurra a los comicios legislativos conociendo que podría quedar detenido. "No vayas a votar, boludo", le ordena Ornella Calvete en un whatsapp a su padre.
Con esa causa pendiente, el pasado el 9 de octubre el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanarle el domicilio para la búsqueda de dispositivos electrónicos en el marco de la investigación de ANDIS. Así, finalmente, Calvete quedó preso.
Justo acababa de someterse a una cirugía oftalmológica cuando la Policía de la Ciudad irrumpió en su casa.
El exconsultor de los supermercadistas chinos está detenido en el Hospital Central Penitenciario de Ezeiza. Está con tratamiento psiquiátrico. Su preocupación central es lo que pueda pasar con su hija Ornella. Y repite, a sus allegados, que solamente le prestó plata (5 millones de pesos) a Diego Spagnuolo para que pueda viajar a Israel porque lo habían dejado fuera de la comitiva. Lo cierto es que se negó a declarar en indagatoria ante el juez.
La captura de Calvete no solo cierra un ciclo de años sin cumplir una condena firme: también lo ubica en el centro de una investigación que investiga presuntos sobreprecios y sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La causa por presuntos sobreprecios avanzó de manera brusca cuando el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi detectaron una red de pagos, triangulaciones de contratos y gestiones informales donde aparece mencionado Diego Spagnuolo, operador político del oficialismo y articulador en viajes y gestiones vinculadas al ecosistema libertario; y su número dos en la Agencia, Daniel María Garbellini, quien manejaba las compras de medicamentos presuntamente direccionadas y en su presentación ante Comodoro Py no respondió preguntas porque su defensa asegura no haber accedido al expediente completo.
En el expediente constan conversaciones, movimientos bancarios y declaraciones que motivaron la hipótesis -aún en investigación y sin imputaciones formales- de que parte de esos retornos (“coimas”) habría sido solicitada o direccionada por intermediarios que decían actuar en nombre de Karina Milei. La Secretaría General de la Presidencia desmintió esas versiones, pero la Justicia mantiene abiertas líneas de análisis sobre los movimientos económicos y el circuito interno de decisiones en ANDIS.
La orden de Casanello incluyó allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas vinculadas a ex funcionarios y operadores políticos. La irrupción en la vivienda de Calvete -ya condenado en otra causa y con una orden firme de detención que nunca se ejecutó- fue una de las más sensibles por el rol que supuestamente jugaba como puente financiero en la operatoria. En paralelo, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación sobre viajes, listados de proveedores y registros de pagos que ahora están bajo peritaje digital de la Policía Federal.