Perú y Honduras: ¿la militarización resolverá el crimen organizado?

Los recientes movimientos en Perú, donde el Gobierno prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao, reactivaron el debate regional sobre el uso de herramientas excepcionales para recuperar el control del orden público. La decisión se sostiene en un diagnóstico de violencia creciente, con homicidios, sicariato y extorsiones que presionan a las fuerzas de seguridad y superan la capacidad de respuesta habitual del Estado. En este marco, la administración nacional habilitó la participación simultánea de la Policía y las Fuerzas Armadas para intervenir en zonas críticas.

Un fenómeno paralelo se observa en Honduras, donde el estado de excepción ha permanecido vigente desde finales de 2022 con un alcance territorial amplio y con una marcada militarización de la seguridad pública. La medida, inicialmente pensada como una respuesta puntual ante el avance de bandas delictivas y homicidios, se transformó en un mecanismo permanente que replantea la estructura institucional de la seguridad interna. La prolongación de esta política refleja la dificultad para controlar dinámicas criminales arraigadas y cambiantes.

Honduras 

Medidas extraordinarias

La experiencia peruana y la hondureña coinciden en el uso de herramientas jurídicas de excepción que habilitan restricciones temporales a derechos fundamentales, como la libertad de tránsito, la reunión o la inviolabilidad del domicilio. En ambos casos, los gobiernos justifican estas limitaciones en la necesidad de recuperar territorios capturados por el crimen organizado y frenar un deterioro acelerado de la seguridad ciudadana. Este enfoque pretende demostrar capacidad estatal, aun cuando exige concesiones temporales en las garantías democráticas.

En paralelo, el despliegue de fuerzas militares se ha consolidado como un recurso frecuente para reforzar a las policías en contextos donde la violencia supera los sistemas tradicionales de prevención y control. La incorporación de la lógica militar al ámbito urbano pretende restaurar la capacidad disuasiva del Estado, aunque también despierta preocupaciones sobre el riesgo de abusos, especialmente allí donde existen antecedentes de detenciones arbitrarias o uso excesivo de la fuerza.

📌 El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el debate del Presupuesto 2026 iniciará el martes 25 de noviembre. Sin embargo, preocupa la reducción del presupuesto para seguridad: pasaría de 12.7 % en 2025 a 8.9 % en 2026, pese al aumento de la criminalidad. El… pic.twitter.com/1oAjPOwFjx

— Diario Expreso (@ExpresoPeru) November 21, 2025

Consecuencias y límites

A medida que estas herramientas se prolongan en el tiempo, surge el interrogante sobre su eficacia real para modificar estructuras criminales complejas. En Perú, algunos analistas advierten que la continuidad del estado de emergencia puede generar una dependencia institucional que desincentive reformas policiales profundas. En Honduras, diversos organismos han señalado que la militarización ampliada no ha logrado detener de manera sostenible los homicidios, y que incluso se han registrado denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Perú y Honduras intensifican estados de excepción ante violencia y crimen organizado.

Estos casos evidencian que, si bien las medidas excepcionales generan impactos visibles en el corto plazo, su aporte a la consolidación de un orden público estable es limitado si no se acompañan de estrategias integrales. La seguridad duradera requiere instituciones sólidas, inteligencia criminal efectiva y políticas sociales que atiendan los factores que nutren la violencia. De lo contrario, los estados de excepción corren el riesgo de volverse permanentes sin resolver el problema de fondo.