Los recientes bombardeos en Colombia, donde murieron menores reclutados por disidencias armadas, reabrieron un debate que el país evita desde hace décadas. La tragedia en el Guaviare mostró un conflicto donde los niños son convertidos simultáneamente en víctimas y herramientas de protección para los grupos ilegales, creando un escenario donde ninguna decisión estatal está libre de consecuencias humanas profundas.
En paralelo, varios países del África subsahariana enfrentan un aumento sostenido del reclutamiento infantil por actores armados, que utilizan a niños como combatientes, vigías o escudos humanos. Aunque los contextos difieren, ambos escenarios comparten una misma raíz: la debilidad institucional que permite que los menores sean absorbidos por dinámicas bélicas que degradan su condición de sujetos protegidos.
El caso colombiano revela cómo los grupos armados incorporan menores para disminuir la probabilidad de ataques estatales, apostando a que la presencia infantil funcione como freno moral y político. En África, prácticas similares han sido documentadas por organismos internacionales, donde los niños se convierten en piezas tácticas para sostener territorios en disputa o alimentar insurgencias prolongadas.
Frente a estas dinámicas, los Estados enfrentan una tensión irresoluble: intervenir militarmente implica el riesgo de causar la muerte de menores, pero no hacerlo permite la expansión de estructuras ilegales que también los someten. Esta encrucijada se repite en Colombia y África, donde la respuesta suele limitarse al plano militar, dejando rezagadas las políticas de prevención y reintegración.
#PrimiciaBLU Blu Radio habló con el padre de una de las niñas que murió tras bombardeo en Guaviare. Asegura que fue reclutada en enero pasado y, aunque tenía conocimiento de su ubicación, no recibió apoyo para recuperarla.
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 20, 2025
“Ella estaba con dos menores más; yo busco al Ejército… pic.twitter.com/p9ruCyJ60D
Aunque los grupos armados son responsables directos del reclutamiento, los Estados comparten obligaciones en materia de protección de la infancia, fortalecimiento institucional y garantía de derechos. La ausencia de programas sólidos de prevención facilita que los menores continúen siendo captados por organizaciones que explotan su vulnerabilidad para fines bélicos.
“Las cuatro personas dadas de baja en el bombardeo del Amazonas eran menores de edad. Eso es inaceptable y el Gobierno (@petrogustavo ) debe asumir responsabilidades”. La congresista Katherine Miranda @KatheMirandaP encendió las alarmas al asegurar que los niños reclutados… pic.twitter.com/jIMxYXETI1
— La Noche NTN24 (@LaNocheNTN24) November 19, 2025
Ambos escenarios muestran que sin una estrategia que combine seguridad, desarrollo y protección de derechos, el ciclo de reclutamiento infantil se perpetuará. Colombia y África comparten el desafío de construir políticas que coloquen a los niños en el centro, evitando que sigan siendo quienes pagan el mayor costo de guerras que no eligieron.