25/11/2025 - Edición Nº1022

Internacionales

Represión comparada

La ONU acusa a Cuba y Egipto de vulnerar derechos: ¿qué está detrás?

22/11/2025 | La ONU señala a ambos países por prácticas sistemáticas que vulneran libertades y consolidan modelos de control político.

Presidente de Cuba.
Rosario Castagnet

Los recientes dictámenes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU han situado a Cuba en el primer lugar mundial por número de condenas desde 2019, un récord que revela una arquitectura de control político sustentada en arrestos sin garantías y procesos judiciales opacos. El caso de los 49 manifestantes del 11J sintetiza un patrón amplio: incomunicación, uso de tribunales militares y ausencia de defensa efectiva. La reiteración de estas prácticas perfila un sistema donde la disidencia es tratada como amenaza estructural y no como expresión legítima de participación ciudadana.

En paralelo, Egipto acumula también un volumen significativo de pronunciamientos por detención arbitraria desde 2019, especialmente en procesos contra activistas, periodistas y opositores. La utilización expansiva de leyes antiterroristas y la prolongación de la prisión preventiva delinean un mecanismo de disuasión permanente que inhibe cualquier forma de organización política autónoma. Aunque los perfiles de los detenidos varían, la constante es la instrumentalización de la justicia para consolidar la estabilidad del régimen.

Cuba 


Cuba, oficialmente República de Cuba, es un país soberano insular, asentado en las Antillas del mar Caribe. El territorio está organizado en quince provincias y un municipio especial con La Habana como capital y ciudad más poblada.

Prácticas convergentes

Las coincidencias entre ambos casos se vuelven evidentes al examinar las dinámicas institucionales que sustentan las detenciones. En Cuba, las resoluciones masivas del GTDA muestran cómo el Estado concentra decisiones represivas sobre grupos enteros, mientras que en Egipto predomina el goteo de arrestos selectivos, reforzados por un marco antiterrorista amplio. En ambos contextos, la libertad de expresión y reunión resulta especialmente vulnerable, pues cualquier cuestionamiento público puede derivar en procedimientos sin debido proceso.

La convergencia también se observa en la falta de respuestas institucionales ante los requerimientos internacionales. Las solicitudes de la ONU para liberar a los afectados, investigar abusos y garantizar indemnizaciones enfrentan resistencias similares. La ausencia de mecanismos independientes de control y la politización de la justicia impiden corregir patrones que, con el tiempo, se consolidan como prácticas ordinarias del aparato estatal.

Implicaciones regionales

El paralelismo entre Cuba y Egipto abre una discusión más amplia sobre el uso de la detención arbitraria como herramienta de gobernabilidad en sistemas autoritarios. La acumulación de dictámenes de la ONU opera como indicador de riesgo institucional y deterioro de derechos fundamentales, con consecuencias para la cooperación internacional, la legitimidad diplomática y la percepción de estabilidad. En ambos países, el margen para reformas reales depende de factores internos que difícilmente se reconfiguran sin presión sostenida.

La comparación muestra que la detención arbitraria no es un fenómeno aislado, sino un componente estructural de determinados modelos de poder. La persistencia de estos patrones en Cuba y Egipto evidencia que la comunidad internacional enfrenta límites claros para influir en jurisdicciones donde la seguridad del Estado es invocada como justificación universal. La evolución de estos casos servirá como termómetro del alcance real de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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