¿Qué pasará con la Ley de Emergencia en Discapacidad tras la recusación?

El Gobierno nacional, mediante la Procuración del Tesoro, presentó una recusación contra el juez federal Adrián González Charvay, a raíz de su decisión de habilitar un amparo colectivo para cuestionar el decreto con el que Javier Milei suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). Para el Ejecutivo, el magistrado habría prejuzgado la cuestión al pronunciarse sobre cuestiones de fondo que desestiman la versión oficial sobre el decreto.

El conflicto se remonta a inicios de noviembre, cuando González Charvay validó el amparo interpuesto contra el Decreto 681/2025, que condiciona la puesta en marcha de la normativa aprobada por el Congreso. El fallo no solo rechazó la objeción del Estado sobre la legitimación del colectivo, sino que también interpretó que las implicancias del decreto exigen una respuesta judicial que garantice derechos, según las partes que promovieron la demanda.

Desde el Gobierno, se insiste en que la emergencia no puede aplicarse hasta tanto se definan las fuentes de financiamiento en el presupuesto nacional, un punto que fue destacado en el propio decreto. Los cálculos oficiales estiman que los gastos adicionales superarían los $3 billones entre 2025 y 2026, lo que equivale al 0,35 % del PBI, un costo que para la Casa Rosada es insostenible sin los recursos correctos.

Los reclamantes, por su parte, argumentan que la paralización del beneficio vulnera derechos fundamentales y que el Estado no puede excusarse en razones presupuestarias para dejar al margen a un colectivo históricamente excluido. El fallo del juez puso en evidencia una tensión institucional clave: si el poder judicial se convierte en una palanca para exigir la implementación inmediata de políticas sociales, aunque el Ejecutivo alegue falta de medios.

La decisión de recusación marca el inicio de una nueva etapa en la disputa. Si el juez es apartado, el Gobierno buscará otro magistrado para dirimir el conflicto; si no, quedará en manos de González Charvay seguir corriendo los plazos. Para el oficialismo, la urgencia es doble: evitar que los amparos se multipliquen y contener un debate que podría debilitar su narrativa presupuestaria en pleno ejercicio de su gobierno.