Vialidad alerta que el 70% de las rutas están en mal estado

La Federación del Personal de Vialidad Nacional encendió una fuerte señal de alerta sobre la situación de la infraestructura vial del país y afirmó que 30.000 de los 40.000 kilómetros de rutas bajo su órbita requieren mantenimiento. Según la entidad, entre el 65% y el 70% de la red se encuentra en un estado “entre regular y malo”, lo que compromete tanto la seguridad vial como la transitabilidad en todo el territorio.

Fabián Catanzaro, secretario gremial del organismo, expresó una “profunda preocupación” por el “vaciamiento” y la “parálisis” que atraviesa Vialidad Nacional, atribuyéndolo a la política de “obra pública cero”. Aunque destacó que se evitó la disolución del organismo, sostuvo que el proceso de desfinanciamiento continúa y que la situación ya configura una “emergencia” que afecta tanto a las rutas como a las condiciones laborales del personal.

Críticas al sistema de concesiones y financiamiento estatal

El dirigente gremial cuestionó con dureza el esquema de concesiones impulsado en la segunda etapa del plan oficial de privatización de rutas. Señaló que, pese a presentarse como inversiones privadas, las empresas adjudicatarias cuentan con financiamiento estatal a través del Banco BICE, con préstamos al 2% anual y dos años de gracia, lo que -según afirmó- elimina el riesgo empresarial real.

Catanzaro advirtió que este mecanismo convierte a las concesiones en un “negocio financiero”, ya que las compañías podrían limitarse a ejecutar trabajos mínimos, como bacheos o repavimentaciones esporádicas. Como ejemplo mencionó obras en las rutas 14 y 12, conocidas como la “ruta del Mercosur”, donde -aseguró- las inversiones proyectadas para dos décadas no mejorarían sustancialmente la infraestructura existente.

Salarios congelados y pérdida de recursos humanos calificados

El impacto de la parálisis también se siente en el personal. Catanzaro denunció que la congelación salarial total durante un año y la implementación de un protocolo disciplinario que restringe el derecho de defensa generaron un clima “expulsivo”. Según sus estimaciones, casi el 20% de la planta se perdió entre renuncias, jubilaciones y despidos, afectando especialmente a trabajadores con alta calificación técnica.

Asimismo, afirmó que la decisión política de frenar la actividad no solo deteriora la red vial, sino que también desvirtúa el rol del organismo, que -según remarcó- puede ejecutar obras a costos más bajos que el sector privado cuando se evita la subcontratación y la sobrevaluación.

Riesgos financieros y reclamos de provincias y municipios

El secretario gremial advirtió que la falta de mantenimiento generará costos futuros mucho más altos: rehabilitar rutas abandonadas puede costar entre tres y cinco veces más que conservarlas adecuadamente. Aseguró que Vialidad está entrando en un “cuello de botella” del que será difícil salir sin una inversión sustancial y sostenida.

La situación generó preocupación en provincias y municipios, donde gobernadores e intendentes reclaman la reanudación de obras paralizadas y soluciones para garantizar la transitabilidad. Catanzaro destacó que existe una obligación legal de mantener la infraestructura vial y que esa omisión ya derivó en múltiples amparos judiciales favorables a los demandantes.

Rutas críticas en todo el país

Aunque la problemática es generalizada, el gremio identificó varios corredores en situación particularmente grave. Entre ellos mencionó la Ruta 151 en La Pampa; la Ruta 3 al sur de Bahía Blanca; la Ruta 23 en la Patagonia; las rutas 9 y 34 en el NOA; y las rutas 7 y 8 una vez fuera del conurbano bonaerense. Estas trazas, afirmó, requieren intervenciones urgentes para evitar un deterioro irreversible.

GZ