Perú desafía a México: Betssy Chávez podría ser detenida por la Justicia

La decisión del Poder Judicial de Perú de ordenar la detención preventiva de la ex primera ministra Betssy Chávez marca un punto decisivo en la defensa del orden constitucional. Chávez, investigada por su presunta participación en el fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022, se mantiene refugiada en la embajada de México en Lima, un gesto que ha tensado aún más la relación bilateral. Para las autoridades peruanas, la medida no es un acto político, sino la continuación natural de un proceso judicial que busca responsabilidades claras en uno de los episodios más graves de la democracia reciente.

La ruptura de relaciones diplomáticas con México, decidida a comienzos de noviembre, se explica en este marco. Lima considera que el asilo otorgado a Chávez por el gobierno mexicano constituye una interferencia directa en un caso judicial interno. La cancillería peruana sostiene que el asilo político no puede utilizarse para obstruir investigaciones formales ni para proteger a funcionarios implicados en delitos contra el Estado. Con este argumento, la posición peruana apunta a resguardar un principio fundamental: ningún actor externo puede intervenir en decisiones de su sistema de justicia.

Perú

Soberanía jurídica

El pronunciamiento del juez del Supremo que dispuso los cinco meses de detención preventiva se inscribe en el marco legal que regula casos de alta gravedad institucional. Los fiscales peruanos han solicitado penas de hasta 25 años de cárcel para Chávez, lo que muestra la dimensión del proceso y la importancia de esclarecer responsabilidades. Para Lima, permitir que un acusado de conspirar contra la democracia permanezca protegido por un asilo extranjero sería enviar una señal de impunidad incompatible con el fortalecimiento del Estado de derecho.

Además, la decisión de comunicar la orden a Interpol y a la Policía Nacional refuerza la seriedad del caso. Perú sostiene que la comunidad internacional debe confiar en sus instituciones y en la independencia de su sistema judicial. La postura del gobierno peruano ha sido transparente: proteger la autonomía de su justicia no implica perseguir opositores, sino garantizar que quienes participaron en un intento de ruptura constitucional enfrenten el debido proceso.

#LOÚLTIMO Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez en su proceso por el golpe de estado, luego de incumplimir su libertad con restricciones. El juez Juan Carlos Checkley ordena su captura a nivel nacional e internacional @Politica_ECpe pic.twitter.com/F4yBsFpGCp

— Víctor Reyes Parra (@nekroRP) November 21, 2025

Coherencia democrática

El caso Chávez trasciende la coyuntura y se convierte en un test de la capacidad de Perú para blindar su democracia tras varios años de crisis políticas. La sucesión de vacancias, tensiones entre poderes y episodios de inestabilidad ha puesto a prueba la resiliencia institucional del país. En este contexto, la firmeza mostrada por el Ejecutivo y el Poder Judicial en la defensa del orden constitucional proyecta una señal interna y externa: la democracia peruana no está dispuesta a tolerar nuevas amenazas.

#LOÚLTIMO Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez en su proceso por el golpe de estado, luego de incumplimir su libertad con restricciones. El juez Juan Carlos Checkley ordena su captura a nivel nacional e internacional @Politica_ECpe pic.twitter.com/F4yBsFpGCp

— Víctor Reyes Parra (@nekroRP) November 21, 2025

Para la región, el mensaje también es relevante. En un continente marcado por debates sobre el uso político del asilo, la intervención externa y las tensiones entre poderes, el caso Perú-México marca un precedente: los países deben respetar la autonomía judicial ajena y evitar utilizar sus embajadas como refugio para funcionarios investigados. La posición peruana, lejos de ser un gesto unilateral, se integra a una conversación sobre cómo fortalecer las democracias latinoamericanas frente a intentos de erosión interna.