Una comisión de la Facultad de Derecho de la UBA logró la absolución de un hombre que estuvo más de dos años preso

Juan Carlos R. I. recuperó la libertad después de pasar más de dos años detenido por una imputación que se derrumbó en el juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 lo absolvió luego de que la propia fiscalía solicitara no formular acusación. Para entonces, el daño ya estaba hecho: durante el encierro contrajo tuberculosis y su salud se deterioró de forma significativa.

La causa había comenzado por una denuncia presentada por el propio Juan Carlos, quien afirmó que su hijo -menor de edad al momento de los hechos- había sido abusado por una mujer adulta. Un día más tarde, esa mujer respondió con una contradenuncia contra él, contra el adolescente -luego sobreseído- y contra un tercer hombre al que nombró como “el cerrajero”.

La gravedad y el alcance de ese giro obligaron a la intervención de la Comisión 1309 de la Facultad de Derecho de la UBA, un espacio de patrocinio jurídico gratuito especializado en casos de alta vulnerabilidad.

La comisión asumió la defensa y comenzó a revisar cada tramo del expediente. Bajo la conducción de Walter Reinoso y de la abogada María de los Ángeles Giménez, con la coordinación académica de Martiniano Terragni, el equipo de docentes y estudiantes avanzados reconstruyó la cronología del caso, analizó declaraciones, contrastó versiones y acompañó a la familia durante todo el proceso.

En el debate oral quedó en evidencia que la contradenuncia descansaba únicamente en el relato de la mujer. Los testigos convocados por la fiscalía admitieron que todo lo que sabían provenía de la propia denunciante. Sus versiones, además, se contradecían entre sí, agregaban detalles que ella jamás había mencionado o diferían en puntos clave sobre la mecánica del hecho. Esa fragilidad probatoria terminó por desactivar la acusación.

El testimonio del hijo de Juan Carlos -ya adulto al momento del juicio- resultó decisivo. Reconoció que inicialmente había dicho que la relación con la mujer había sido consentida por miedo al “qué dirán”, pero explicó que con el tiempo comprendió que se trató de un aprovechamiento de una persona adulta sobre un adolescente. Sus palabras permitieron contextualizar sus declaraciones iniciales y fortalecieron la línea defensiva, que desde el inicio planteó que la contradenuncia buscaba encubrir el abuso previo.

Frente a ese escenario, la auxiliar fiscal Priscila Eisenchlas pidió la absolución. El Tribunal recordó que, sin acusación fiscal, no puede dictarse condena. Así, dispuso la absolución de Juan Carlos R. I., detenido por más de dos años por una imputación que perdió solidez durante el juicio.

La decisión también alcanzó a Roberto S. M., mencionado solo en la contradenuncia. No surgió ninguna prueba que lo vinculara al hecho, ningún testigo pudo ubicarlo en la escena y la fiscalía solicitó su absolución, que el Tribunal concedió.