El Gobierno atraviesa una semana de rosca fina con los gobernadores mientras Luis Caputo y Diego Santilli revisan uno por uno los planteos que las provincias pusieron sobre la mesa. La discusión por el Presupuesto 2026 se volvió el primer test político del nuevo esquema interior–Economía, y en la Casa Rosada repiten que cualquier acuerdo deberá encajar en la “doctrina Milei”: superávit o nada.
En las reuniones que Santilli mantuvo con los mandatarios reapareció una vieja agenda que el mileísmo pretendía dar por clausurada: obra pública paralizada, ATN congelados y reclamos por coparticipar el Impuesto a los Combustibles. Los gobernadores llegaron con sus carpetas, pero se toparon con un límite explícito: no hay pesos para repartir que comprometan el programa fiscal. En Economía insisten en que el superávit es la línea roja, incluso si eso implica tensar la relación con aliados clave.
Aun así, los jefes provinciales se mostraron dispuestos a negociar las reformas laboral y tributaria, siempre y cuando el Ejecutivo abra los proyectos antes de enviarlos al Congreso. El gesto fue leído como una señal de pragmatismo: los gobernadores saben que el oficialismo busca votos para las extraordinarias y quieren convertir ese momento en un punto de presión para sus agendas locales.
Con el reloj corriendo hacia el 10 de diciembre, el Gobierno define si convocará a extraordinarias y cómo acomodará el nuevo escenario legislativo. La Cámara de Diputados deberá emitir otro dictamen del Presupuesto, y se descuenta que Martín Menem seguirá al frente del recinto, pese a las resistencias internas y externas.
Mientras tanto, Santilli continúa su tour federal -Misiones, Santa Cruz, Corrientes, La Pampa, San Luis, Santa Fe y CABA- con una consigna clara: ordenar la interlocución política y evitar choques innecesarios. Resta saber si también abrirá el juego a los gobernadores peronistas (Kicillof, Quintela, Insfrán, Melella), protagonistas de un bloque que Milei aún mira con desconfianza.
El desafío es evidente: Caputo y Santilli necesitan construir volumen político sin desarmar el contrato fiscal del Presidente. Y los gobernadores quieren recuperar recursos sin aparecer como cómplices de un ajuste que golpea a sus territorios. La negociación, como siempre, se definirá en la línea fina entre lo que se promete y lo que se puede cumplir.