Alberto II frena la legalización del aborto y mantiene el sistema restrictivo en Mónaco

En una decisión que vuelve a posicionar a Mónaco entre los pocos estados europeos con una legislación altamente restrictiva, el Príncipe Alberto II confirmó que no promulgará la ley de legalización del aborto aprobada por el Consejo Nacional en mayo de 2025. El anuncio llegó en una entrevista concedida con motivo del Día Nacional, donde el soberano explicó que el marco vigente “refleja la identidad del Principado” y el rol de la religión católica, religión de Estado.

Un proyecto que tenía apoyo parlamentario y social

La iniciativa vetada buscaba permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas sin necesidad de justificación, y hasta 16 semanas en casos de violación. También contemplaba cobertura sanitaria y un periodo de reflexión, alineando a Mónaco con la mayoría de los países europeos.

Sesión del Consejo Nacional de Mónaco durante la cual se aprobó en mayo de 2025 el proyecto de ley sobre aborto que luego no fue promulgado.

El Consejo Nacional había acompañado la reforma y una encuesta de noviembre de 2024 indicaba que el 80 % de los monegascos apoyaba cambiar la ley, un dato que subraya la distancia entre la opinión pública y la postura del Ejecutivo. Pero el proceso legislativo se detuvo cuando el Ministro de Estado, Christophe Mirmand, notificó al parlamento que el Gobierno no continuaría la tramitación. El veto del Príncipe terminó de cerrar el debate.

Cómo funciona hoy la ley monegasca

Desde 2019, la mujer que aborta ya no es penalizada, pero la práctica sigue prohibida casi por completo. Solo se permite en tres supuestos:

• Riesgo grave para la vida o la salud de la madre.

• Violación.

• Malformación fetal severa.

Todo aborto fuera de estas circunstancias sigue siendo ilegal y los médicos pueden enfrentar sanciones. La combinación de despenalización parcial y prohibición práctica da lugar a un sistema paradojal: la mujer no es castigada, pero tampoco tiene dónde acceder al procedimiento dentro de su país.

Viajar para abortar: la salida silenciosa

Ante este esquema, muchas mujeres que viven en Mónaco recurren a Francia -donde el aborto es legal y accesible- para realizar la intervención. Aunque el gobierno monegasco no publica estadísticas oficiales, organizaciones y reportes europeos señalan que esta salida es una práctica habitual y que la falta de datos forma parte del problema: sin registros, no hay debate público sólido ni evaluación sanitaria.

El fenómeno no es exclusivo de Mónaco. En Andorra, donde la prohibición es aún más estricta, más de 100 mujeres al año viajan a hospitales públicos de Cataluña para abortar. Este patrón se observa en varios micro-estados europeos con leyes muy restrictivas: el derecho existe “fuera” del país, pero no dentro de él.

Un microestado y un debate similar: Andorra, Liechtenstein y San Marino

Mónaco forma parte de un reducido grupo de microestados europeos que todavía mantienen fuertes restricciones al aborto. El caso no es aislado:

• Andorra conserva una de las prohibiciones más estrictas del continente; cada año, decenas de mujeres viajan a Cataluña o Francia para acceder a un aborto seguro.
• Liechtenstein mantiene un sistema muy limitado, con excepciones sólo en situaciones extremas.
• San Marino, que durante décadas figuró entre los países más restrictivos, comenzó a cambiar su legislación recién después del referéndum histórico que impulsó su población.

En todos estos territorios, la combinación de tradición católica, el peso simbólico de las monarquías o estructuras políticas pequeñas, y un marcado énfasis en la “identidad nacional”, influye en la velocidad —o directamente en el bloqueo— de las reformas reproductivas. Mónaco no es la excepción: su legislación se alinea más con estos micro-estados que con el resto de Europa occidental.

Identidad, religión y poder político

En la entrevista donde confirmó su veto, Alberto II señaló que su decisión busca preservar la “coherencia cultural y jurídica” del Principado, y que la cuestión del aborto es “demasiado sensible” para un cambio brusco. La Arquidiócesis de Mónaco también había intervenido durante el debate legislativo, subrayando que la reforma afectaba “al conjunto de la comunidad, incluidas las personas más vulnerables, como el niño por nacer”.

La Arquidiócesis de Mónaco, que intervino activamente en el debate, pidió preservar la identidad católica del Principado y advirtió que la reforma del aborto “afectaría a toda la comunidad, incluida la vida por nacer”.

El gesto político del Príncipe revela además la particularidad institucional de Mónaco: aunque existe un parlamento, sin la promulgación del soberano no hay ley, y el poder de la corona sigue teniendo un peso concreto. Tras bloquear el proyecto, el Gobierno anunció que presentará nuevas iniciativas para mejorar la asistencia a mujeres embarazadas, aunque sin alterar el marco legal central. No se anticipan cambios en materia de aborto en los próximos meses.

Un debate que seguirá abierto

Con una población mayoritariamente favorable a la legalización, un parlamento que ya había dado el primer paso y un soberano decidido a preservar la tradición, Mónaco queda en el centro de una discusión más amplia sobre autonomía corporal, identidad nacional y derechos reproductivos en Europa.

El veto del Príncipe no sólo congela una reforma: expone la tensión entre un país que mira hacia afuera -modernidad, turismo, integración europea- y una estructura política e identitaria que sigue aferrada a reglas históricas.