La figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero atraviesa su momento más delicado desde que decidió involucrarse activamente en la vida política venezolana. Según revelaciones de medios españoles y estadounidenses, fiscales del Distrito Sur de Nueva York estarían analizando la información aportada por Hugo “El Pollo” Carvajal -exjefe de inteligencia chavista- para determinar si el dirigente socialista pudo haber contribuido, directa o indirectamente, a la estructura política y financiera del régimen de Nicolás Maduro. Aunque no existen aún cargos oficiales, el solo hecho de que su nombre figure en discusiones preliminares dentro del sistema judicial estadounidense representa un giro de enorme impacto.
Las sospechas no surgieron de un día para otro. Zapatero ha sido durante años una de las voces más defensoras del chavismo en Europa, mediando en procesos internos, respaldando públicamente a Maduro y cuestionando sanciones internacionales. Ahora, ese historial político podría adquirir otra dimensión. Fuentes citadas por Vozpópuli aseguran que la Justicia estadounidense está interesada en reconstruir los flujos económicos y contactos que el ex mandatario mantuvo en su etapa como acompañante del diálogo venezolano, especialmente en un período donde se denunciaron desvíos financieros, lavado de activos y operaciones trianguladas con actores del sistema chavista.
Una de las aristas que más inquieta a los investigadores, según La Gaceta de la Iberosfera, es la presunta ampliación patrimonial de Zapatero en los años posteriores a su salida de La Moncloa. Aunque no existe confirmación oficial de que la DEA o el Tesoro hayan presentado cargos, algunas fuentes señalan que habría intercambios informales con autoridades españolas para rastrear movimientos sospechosos. La Justicia estadounidense ya ha utilizado la ley RICO, destinada a combatir estructuras criminales complejas, para perseguir redes vinculadas al chavismo: si los fiscales consideran que Zapatero pudo haber actuado como facilitador político, su situación podría complicarse de manera significativa.
El testimonio de Carvajal -extraditado y declarado culpable en cuatro cargos federales- añade un elemento de gravedad. En su cooperación judicial, el ex jefe de inteligencia habría detallado mecanismos de financiamiento, redes de intermediación y vínculos internacionales que sostuvieron al régimen venezolano. Si parte de esa información involucra al ex presidente español, la presión diplomática y judicial podría escalar con rapidez. Para Washington, desmontar la red internacional que apoyó al chavismo no es solo un asunto penal: forma parte de una estrategia geopolítica para debilitar al régimen de Maduro.

El posible avance de una causa en EE.UU. contra Zapatero tendría efectos profundos en España y en la Unión Europea. Sectores políticos ya cuestionan desde hace años su rol en Venezuela, acusándolo de otorgar legitimidad a un régimen señalado por violaciones a los derechos humanos, fraude electoral y vínculos con actividades ilícitas. Una ofensiva judicial estadounidense reforzaría esas críticas y colocaría al Partido Socialista en una posición incómoda, obligado a distanciarse o defender a uno de sus líderes históricos.

Si la Justicia estadounidense decide dar curso a una investigación formal, las consecuencias podrían incluir desde sanciones financieras hasta órdenes de detención internacional, dependiendo del grado de implicación confirmado. Más allá del desenlace, el caso ya evidencia un deterioro irreversible de la imagen internacional de Zapatero y confirma que sus nexos con Caracas -largamente discutidos y minimizados- han adquirido ahora una dimensión judicial que trasciende lo político.