Los recortes presupuestarios en las políticas contra la violencia de género

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), publicaron el informe “Los números del 25N: la violencia de género persiste, la respuesta se reduce”.

En dicho documento, recaban que al 31 de octubre, en 2025 ya se registraron 210 víctimas de femicidio. Sin embargo, el Estado cada vez se retira más.

Denuncian que no se trata de que el Gobierno esté revisando las políticas orientadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género: “sólo vemos retrocesos y desfinanciamiento en los dispositivos que deberían abordarla”.

Los recortes se producen en el contexto en el que el gobierno celebra el superávit fiscal y financiero. Entre otras cosas, es a costa de la desprotección de las mujeres víctimas de violencia. Los números cierran (sólo en el excel).

Con preocupación, señalan que “el Proyecto de Presupuesto 2026 deja sin partida al Programa Acompañar y a la Línea 144. Sólo financia “Protección de Víctimas de Violencia”, desdibujando la especificidad de género”.

A su vez, dicha partida presenta un recorte total del 89% frente a 2023 y su opacidad “vuelve imposible monitorear la información”.

El Programa Acompañar constituía el principal acompañamiento del Estado a mujeres en situación de violencia. Consistía en un salario mínimo, vital y móvil durante 6 meses. 

Sin embargo, desde que asumió Javier Milei, se recortó a 3 meses, se exige denuncia previa (desalentando el pedido de ayuda) y el presupuesto se redujo en 2024 un 90% respecto a 2023.

En 2025, el programa directamente dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, alcanzando una caída del 100%. Los números son impactantes: mientras que en 2023, se acompañó a más de 100 mil mujeres, en 2024 se recortó a 3.572 y en 2025 ninguna mujer recibió acompañamiento.

Por su parte, la Línea 144, un dispositivo de uso extendido en la población, también fue desfinanciado. El número de trabajadoras bajó de 138 a 79, una reducción del 41,7%.

Por ende, también cayeron las comunicaciones (-29,6% entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025) y las intervenciones (-48,7%).

El Estado pasó de proponerse como meta una cobertura de 180.000 mujeres en 2023, a 60.000 en el Presupuesto 2026. Es decir, se cortaron dos tercios las intervenciones.

Respecto a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), espacios centrales para recibir atención legal primaria gratuita, desaparecieron más del 70% de los CAJ: sólo 30 de 108 siguen operativos a septiembre de 2025.

El Régimen de Reparación Económica Para las Niñas, Niños y Adolescentes (RENNYA), destinado a hijas e hijos de víctimas, aprobado por el Congreso Nacional, redujo su alcance: en 2023 se registraron 270 dictámenes favorables. En los primeros semestres de 2024 y 2025 se registraron 67 y 57 dictámenes favorables respectivamente (de los segundos semestres, el Estado no dio información).

Desde ELA, destacan que “si no hay políticas de prevención, asistencia y acompañamiento, el Estado llega tarde”. Y eso, en términos económicos, es incluso ineficiente. “La evidencia muestra que es 22 veces más costoso -y por lo tanto ineficiente- intervenir tarde que prevenir a tiempo”.

Además, el retiro del Estado Nacional solo conduce a una mayor desigualdad en términos territoriales: depende de en qué provincia o qué municipio estemos, es la protección que las mujeres recibimos.

La conclusión del informe es contundente: “hoy las mujeres están más solas y tienen menos recursos para salir de la situación de violencia”.