La disputa por el futuro del espectro radioeléctrico en Costa Rica escaló con una velocidad inesperada. La orden del presidente Rodrigo Chaves de lanzar una subasta de frecuencias con altos costos de entrada colocó a decenas de emisoras y canales frente a un escenario límite: la posibilidad real de quedar fuera del aire. El Gobierno defiende la medida como un acto de modernización y cobro justo, mientras los medios señalan que el diseño económico y técnico del proceso los expulsa de facto del espacio público.
El impacto social de un eventual apagón es inmediato y profundo. En zonas rurales y entre hogares de bajos ingresos, la radio abierta sigue siendo un vínculo cotidiano con información, cultura y servicios básicos. Para sectores como adultos mayores, comunidades religiosas o audiencias que dependen de la señal tradicional, la reforma implica un quiebre abrupto en su acceso a contenidos. La controversia, lejos de ser técnica, ya se convirtió en una discusión sobre la vigencia de la pluralidad y el papel del Estado en la protección del ecosistema mediático.
Las críticas se multiplicaron desde el momento en que se conocieron los precios base de la subasta y los requisitos de participación. Grandes conglomerados pudieron presentarse, pero la mayoría de emisoras pequeñas, culturales o regionales reconocieron que los montos exigidos eran inasumibles en un mercado marcado por la caída de la publicidad tradicional. La tensión aumentó cuando el Ejecutivo insinuó posibles excepciones solo para medios religiosos, lo que fue interpretado como un uso selectivo de la regulación.
La preocupación no proviene solo de los afectados. Especialistas, académicos y organizaciones civiles advierten que la combinación de requisitos onerosos y plazos acelerados puede conducir a una concentración sin precedentes. Los antecedentes retóricos del propio Chaves, enfrentado con medios críticos, alimentan el temor a una deriva de control político del espectro. Aunque el Gobierno insiste en que busca ordenar un modelo obsoleto, la oposición sostiene que el método erosiona garantías democráticas esenciales.
CHAVES @RodrigoChavesR TENÍA RAZÓN. ESTO PERDÍA EL PAÍS EN RECAUDACIÓN⬇️
— Ticavisión (@Ticavisioncr) November 25, 2025
📹🎥 Millonario recaudación por frecuencias: Según Superintendencia de Telecomunicaciones @SUTEL_CR se estima más de 9. 8 millones de dólares, unos 4 mil novecientos millones de colones que serán dirigidos… pic.twitter.com/Cm6zwmnxYT
El proceso aún puede modificarse, pero el margen de maniobra se acorta. La Superintendencia de Telecomunicaciones mantiene un nivel de incertidumbre sobre los tiempos y criterios finales, mientras avanzan recursos legales que buscan frenar los efectos inmediatos del concurso. En paralelo, la cercanía del ciclo electoral agrega presión y eleva el costo político de un apagón masivo que golpee a audiencias sensibles.
El discurso era contra Teletica, pero Televisora de Costa Rica pujó por 1 frecuencia de tv nacional y 2 de radio, Repretel por 2 de tv nacional y Extra por 1.
— Antonio Fernández (@aferbarcr) November 25, 2025
Muchas emisoras de radio medianas y pequeñas quedaron fuera por no tener los recursos para subastar y renovar equipos pic.twitter.com/ztTMcehEMM
De fondo, el país enfrenta una discusión mayor: cómo regular un recurso estratégico sin comprometer el acceso equitativo a la información ni debilitar la arquitectura institucional que sostiene a su democracia. El desenlace dependerá de la capacidad de revisar el diseño del proceso, evitar privilegios discrecionales y garantizar que la transición tecnológica no se convierta en un arma de poder.