Colombia y Venezuela: ¿cómo penetran criminales en el Estado?

Los hallazgos de la Fiscalía colombiana sobre presuntos vínculos entre integrantes del Ejército, agentes de inteligencia y las disidencias de Calarcá reavivaron la preocupación sobre la fragilidad del Estado frente a estructuras ilícitas capaces de penetrar organismos de seguridad. Las pruebas obtenidas en operaciones recientes, incluidas comunicaciones y materiales digitales, sugieren que la organización armada habría accedido a información reservada y utilizó vías institucionales para legalizar movimientos, personal y logística.

La revelación adquiere una relevancia excepcional debido al contexto político colombiano: el proceso de negociación con distintos grupos armados exige credibilidad y control institucional, elementos que se ven debilitados cuando se exponen filtraciones internas de alto nivel. El señalamiento de oficiales activos y miembros de inteligencia no solo plantea riesgos operativos, sino que también proyecta dudas sobre la solidez de la arquitectura estatal encargada de enfrentar el crimen organizado.

Colombia 

Infiltración en estructuras estatales

El caso colombiano encuentra un reflejo inquietante en Venezuela, donde investigaciones y procesos judiciales internacionales han descrito la consolidación de redes criminales vinculadas a mandos militares y de inteligencia, conocidas como el Cartel de los Soles. En ese país, la articulación entre narcotráfico transnacional y sectores del aparato estatal ha habilitado el uso de rutas, empresas fachada y protección institucional para el envío de cargamentos ilícitos, reforzando una economía paralela con impacto regional.

Aunque ambos fenómenos operan en contextos distintos, comparten un patrón central: la capacidad de grupos armados y organizaciones criminales para cooptar segmentos del Estado que deberían combatirlas. Mientras Colombia enfrenta una disidencia surgida de un proceso de paz inconcluso, Venezuela arrastra un deterioro institucional que facilita la integración de actividades ilícitas en estructuras oficialmente reconocidas. Sin embargo, los dos escenarios revelan una zona gris entre autoridad y criminalidad que compromete la seguridad regional.

#ParaDestacar | En la península del Sinaí, el personal del relevo N.º 124 recibió la medalla Unidos Por La Paz, otorgada por la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores, en reconocimiento a su liderazgo, esfuerzo y valiosa contribución a la paz y la cooperación internacional.… pic.twitter.com/C3RDep7a2M

— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 24, 2025

Riesgos compartidos y consecuencias

El paralelismo entre ambos países sugiere que la penetración de organizaciones delictivas en aparatos de seguridad tiene efectos que trascienden fronteras. En Colombia, la investigación de la Fiscalía puede alterar negociaciones vigentes, reconfigurar la política de seguridad y activar presiones internas para depurar oficinas sensibles. En Venezuela, la participación de figuras militares en el tráfico transnacional ha provocado investigaciones en el exterior, sanciones y un aislamiento diplomático creciente.

Mientras tú descansas, ellos patrullan.

Mientras tú celebras, ellos vigilan.

Día y noche, en selva y ciudad, los soldados de la Segunda División nunca bajan la guardia en la región del Catatumbo. pic.twitter.com/fgryolrcJ4

— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 25, 2025

Comprender esta dinámica comparada permite dimensionar el riesgo de una institucionalidad expuesta a intereses ilícitos: ambos casos demuestran que cuando el Estado pierde cohesión interna, las organizaciones armadas amplían su margen de acción y condicionan decisiones estratégicas. El desafío para la región es fortalecer controles, profesionalizar los sistemas de inteligencia y promover mecanismos de cooperación que frenen la expansión de estas redes, cuyo impacto ya se proyecta más allá de sus fronteras.