Con un salario mínimo inmóvil desde agosto y una pérdida de poder adquisitivo que supera el 40% desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno convocó para este miércoles a las 12.30 a una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La convocatoria busca fijar los nuevos montos del salario mínimo (SMVM) y también el valor de la prestación por desempleo, que por ley equivale al 50% del salario básico.
Como siempre, la mesa enfrentará a representantes de trabajadores y empleadores. Si no hay acuerdo -algo probable según anticipan en ambos sectores-, el Poder Ejecutivo tiene la última palabra.
La última reunión formal del Consejo fue el 29 de abril de 2025, cuando el Gobierno fijó un salario mínimo de $302.600 para abril, con aumentos mensuales que llevarían el monto a $322.000 en agosto. Desde entonces no hubo nuevos ajustes, por lo que el ingreso básico quedó completamente desfasado. La caída del poder adquisitivo es contundente: desde noviembre de 2023, el SMVM perdió 40% de su capacidad de compra.

Hoy queda muy por debajo de las canastas que calcula el INDEC. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de $544.304. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) llegó a $1.213.799.
Con estos valores, el salario mínimo solo cubre el 59% de una canasta alimentaria y apenas el 25% de una canasta total para una familia tipo.
En la antesala de la reunión, las dos CTA enviaron una carta al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que pidieron que se utilice una canasta “objetiva” como referencia para fijar el nuevo salario mínimo. El planteo apunta a que el gobierno y los empleadores dejen de definir los montos sin un parámetro real del costo de vida.
También cuestionaron que las reuniones continúen realizándose de manera virtual, un formato heredado de la pandemia que -según las centrales sindicales- afecta la transparencia y limita la negociación cara a cara con los representantes empresariales.
El encuentro de este miércoles llega en medio de un deterioro del poder adquisitivo y la resistencia de buena parte del sector privado a convalidar aumentos significativos.
El resultado final dependerá de la capacidad de negociación de las partes y, en última instancia, de la decisión que adopte el Gobierno si no hay consenso.