El tenso choque de Salinas Pliego con Hacienda en México: ¿realmente es censura?

El caso que enfrenta Ricardo Salinas Pliego por sus adeudos fiscales abrió una disputa que trasciende el ámbito tributario y se adentra en el corazón del ecosistema mediático mexicano. La narrativa pública construida por el empresario y por voceros afines busca presentar el conflicto como un intento de censura, comparándolo incluso con el histórico golpe contra Excélsior en 1976. Esa equiparación, sin embargo, ha sido cuestionada por especialistas y analistas que señalan que se trata de un proceso estrictamente jurídico, sin componentes de intervención política en los contenidos.

El contexto amplifica la tensión. A diferencia de los episodios del pasado donde el poder presidencial operaba como censor directo, hoy el debate gira en torno a si los concesionarios mediáticos deben cumplir sin excepción con sus obligaciones fiscales y regulatorias. En paralelo, se discute si la utilización de plataformas televisivas para construir relatos defensivos distorsiona el derecho de las audiencias a recibir información verificada y contextualizada, un principio que la Constitución mexicana resguarda como parte del servicio público de comunicación.

México

Ecos regionales

En América Latina, los conflictos entre medios privados y el Estado han seguido patrones que combinan presión fiscal, regulación administrativa y disputas narrativas por la libertad de prensa. Casos como los cierres de medios en Venezuela, las leyes mordaza en Nicaragua o las sanciones regulatorias en Ecuador muestran cómo los gobiernos han utilizado el aparato institucional para influir en el mapa informativo. Aunque los contextos difieren, el denominador común es la pugna por el control simbólico del espacio público y por la legitimidad de las versiones difundidas.

En ese panorama, el caso de TV Azteca presenta una particularidad: no hay una política explícita de censura estatal, sino un procedimiento derivado de incumplimientos fiscales. La reacción mediática del conglomerado, al compararse con víctimas de autoritarismo histórico, busca capitalizar un imaginario colectivo donde la censura opera como arma política. Esta estrategia pretende desplazar la discusión del terreno jurídico al emocional, generando la impresión de persecución cuando la raíz del conflicto está en obligaciones de carácter técnico y económico.

Consecuencias y escenarios

El conflicto abre preguntas sobre el modelo de comunicación en México y sobre el papel de los grandes conglomerados en la definición de la agenda pública. Si un concesionario utiliza su plataforma para defender intereses particulares con información tendenciosa, se erosiona la frontera entre comunicación al servicio del público y comunicación orientada a influir en decisiones regulatorias o fiscales. Para el Estado, la respuesta debe ser proporcional y basada en el escrutinio judicial, evitando alimentar narrativas que lo presenten como actor censor.

De último momento: Un usuario en redes sociales le propuso a Ricardo Salinas Pliego que pague sus impuestos pero que el dinero lo entregue directamente a ciudadanos necesitados, la propuesta es simple, ni un solo peso más al gobierno, sino canalizarlo directamente a la gente y… pic.twitter.com/B62TKfT0Y7

— Cerebros (@CerebrosG) November 14, 2025

A mediano plazo, el caso podría generar un precedente para otras disputas entre medios y autoridades. La cuestión de fondo no es la crítica al Gobierno, siempre legítima, sino el cumplimiento del marco legal que rige el uso del espectro radioeléctrico. La resolución que adopten los tribunales determinará si la retórica de censura prevalece sobre la evidencia técnica o si se fortalece el principio de que los concesionarios deben ejercer su influencia con responsabilidad informativa.