La reforma de Rodrigo Chaves apagará las voces en Costa Rica: ¿igual que en Venezuela?

La reforma del espectro en Costa Rica, impulsada por el presidente Rodrigo Chaves, abrió un frente inesperado en un país históricamente asociado con instituciones sólidas y un ecosistema mediático variado. La decisión de someter las frecuencias de radio y televisión a una subasta con altos costos de ingreso generó alarma entre emisoras regionales, religiosas y comunitarias que no lograron presentar ofertas antes del plazo límite. Para estos actores, la consecuencia inmediata es la posibilidad real de quedar fuera del aire, un escenario que contrasta con la promesa oficial de modernización y uso equitativo de un recurso público.

La reacción social fue rápida. Organizaciones de prensa, académicos y representantes de sectores vulnerables advirtieron que el apagón de decenas de emisoras afectaría de manera directa el acceso a información en zonas rurales y de bajos ingresos. La radio abierta, aún central en la vida cotidiana de miles de costarricenses, perdería presencia frente a modelos comerciales más concentrados. Aunque el Gobierno sostiene que la subasta corrige distorsiones acumuladas durante décadas, críticos señalan que el diseño económico del proceso excluye de facto a actores pequeños.

Costa Rica 

Transformaciones comparadas

El caso venezolano ofrece un punto de contraste inquietante. Durante dos décadas, el cierre de más de 285 emisoras de radio y la no renovación de concesiones emblemáticas como RCTV evidenciaron cómo las reformas del espectro pueden convertirse en instrumentos para limitar la pluralidad. En Venezuela, la autoridad regulatoria alegó incumplimientos administrativos, pero el patrón de clausuras afectó principalmente a medios regionales e independientes. El impacto fue profundo: numerosas comunidades quedaron sin alternativas informativas locales.

Las similitudes estructurales entre ambos procesos no pasan desapercibidas. En Costa Rica, aunque la justificación es económica y orientada a la transparencia del uso del espectro, el resultado práctico puede generar un efecto comparable al venezolano: una reducción drástica de voces comunitarias y una mayor concentración del sector. La diferencia clave radica en el punto de partida institucional, pero el riesgo de que la regulación termine debilitando la diversidad informativa se mantiene.

Consecuencias democráticas

El panorama regional aporta lecciones adicionales. Los expertos advierten que cualquier reforma que modifique la estructura del ecosistema mediático debe considerar mecanismos de protección para evitar que el mercado, por sí solo, expulse a actores esenciales para el pluralismo. En Costa Rica, la ausencia de salvaguardas específicas para emisoras pequeñas podría actuar como un acelerador de desigualdades, limitando el acceso a contenidos informativos y culturales que tradicionalmente complementaron la oferta nacional.

Tanto que habló Rodrigo Chaves y los de su secta el TSE y ya ven: lo de la subasta de las frecuencias es un atentado contra los medios de comunicación. En especial los más pequeños. pic.twitter.com/7Dl8sZuMsq

— Gustavo Nuñez (@gustavonunez75) November 24, 2025

Mirado desde una perspectiva comparativa, el desafío es claro: garantizar que la modernización del espectro no derive en un debilitamiento democrático similar al observado en Venezuela. El precedente venezolano ilustra cómo decisiones regulatorias pueden desencadenar efectos acumulativos que transforman de manera irreversible la estructura comunicacional de un país. Para Costa Rica, la oportunidad está en corregir los vacíos actuales antes de que los costos institucionales y sociales se vuelvan permanentes.