Paradojas del republicanismo argentino: corrupción en la oficina de anticorrupción

El gobierno que hizo de la transparencia su marca de origen enfrenta hoy una escena difícil de explicar con sus propias palabras: mientras la Justicia avanza en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los nombres que apareció en los allanamientos como abogado de confianza de uno de los principales acusados es, al mismo tiempo, director en la Oficina Anticorrupción, el organismo que debería ser la primera barrera institucional frente a este tipo de casos.

La causa ANDIS se abrió en agosto, a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y exabogado de Javier Milei, donde hablaba de un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. La denuncia cayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y quedó en manos del fiscal Franco Picardi, que describió una “organización delictiva” montada sobre compras direccionadas y sobreprecios. Según los dictámenes conocidos hasta ahora, al menos 37.000 a 43.000 millones de pesos habrían sido desviados hacia cuatro droguerías a través de compulsas restringidas y contratos hechos a medida.

Spagnuolo fue desplazado, se presentó a indagatoria en Comodoro Py y se negó a responder preguntas, al igual que otros imputados. Pero la causa siguió creciendo por los costados: los dictámenes de la fiscalía mencionan a operadores como Miguel Ángel Calvete, señalado como articulador entre las droguerías y los funcionarios, y describen un esquema donde ANDIS funcionaba como “ventanilla” de pagos millonarios por medicamentos para uno de los sectores más vulnerables del país.

En ese contexto apareció el dato que golpea directamente al dispositivo “republicano”. En un allanamiento a la casona de Defensa al 1400 que funcionaba como búnker de Calvete, los investigadores encontraron en la cocina un papel pegado con instrucciones para el caso de una irrupción judicial: sacar foto de la orden y llamar a dos contactos. Uno de los nombres era el de Camilo Cordero Fabbri. No se trata de un abogado cualquiera: es Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri, coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción, con rango de director.

Cordero Fabbri no figura como defensor en este expediente, pero sí fue abogado de Calvete en una causa anterior, en la que el lobista terminó condenado por explotación sexual, y aparece mencionado en cuadernos y listados incautados como parte del círculo de confianza del empresario.   La normativa interna de la OA permite que sus abogados tengan matrícula y actividad privada, pero les prohíbe intervenir en causas de corrupción. El problema ya no es solo formal: el funcionario que recibe y deriva denuncias de coimas dentro del Estado aparece, en los papeles de otra causa de coimas, como contacto privilegiado de uno de los principales acusados, y hasta se hizo presente durante un allanamiento para ver qué estaba pasando antes de retirarse.

La Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, ya venía bajo cuestionamiento por su bajo perfil y por la decisión política de vaciarla de iniciativa propia. Ahora queda asociada a la idea de un organismo que mantiene en su cúpula a un director vinculado profesionalmente a un lobista preso por las maniobras en Discapacidad. El contraste es nítido: mientras el Gobierno insiste en que no tolera ningún hecho de corrupción y habla de “burdas difamaciones” cuando se menciona a la cúpula presidencial en la causa ANDIS, la institución llamada a encarnar ese estándar mínimo de transparencia queda alcanzada por la sombra de sus propios funcionarios.

El expediente judicial seguirá su curso, con nuevas indagatorias y definiciones sobre procesamientos y responsabilidades penales. Pero la paradoja ya está instalada: en nombre del republicanismo se preservan estructuras que, lejos de reforzar el control sobre el poder, aparecen en los bordes –y a veces en el centro– de las mismas tramas que deberían investigar. En el caso ANDIS, la línea que se rompió no fue solo la de la ética de los funcionarios de un organismo: también la de la confianza en que la oficina creada para combatir la corrupción no termine, otra vez, mezclada con ella.