Comisión del Fentanilo: cruce de acusaciones y un informe decisivo el 2 de diciembre

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el fentanilo contaminado realizó este miércoles su último encuentro formal antes de la presentación del informe final, que verá la luz el próximo martes 2 de diciembre a primera hora. Bajo la coordinación de la diputada Mónica Fein, de Encuentro Federal, los legisladores coincidieron en la necesidad de producir un documento “claro, sólido y con consenso amplio” sobre una tragedia que consideran “absolutamente evitable”.

El clima estuvo atravesado por un malestar compartido: por tercera vez consecutiva, ni el ministro de Salud, Mario Lugones, ni la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, acudieron a la convocatoria. La ausencia se leyó como un gesto político y como un obstáculo para reconstruir con precisión la cadena de responsabilidades estatales que permitió que una partida adulterada ingresara al circuito de consumo.

Fein anticipó que la Comisión pedirá formalmente que Lugones reciba a los familiares de las víctimas sin intermediación de los diputados, un reclamo que se arrastra desde el inicio del debate. La semana pasada, el juez federal Ernesto Kreplak —a cargo de la investigación penal— había brindado detalles sobre el estado del expediente, lo que reforzó la expectativa de contar con la visión del Poder Ejecutivo.

A pesar de las tensiones políticas, los diferentes bloques destacaron el tono de trabajo “serio y colaborativo” que caracterizó a la Comisión. Los integrantes acordaron que tras la presentación del informe final se abrirá un plazo hasta el martes 9 para que cada fuerza política —o cada legislador en forma individual— pueda incorporar observaciones, valoraciones o consideraciones técnicas adicionales.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Nicolás Mayoraz remarcó que el Parlamento se encuentra “ante un momento crucial” para aportar reformas que impidan la repetición de episodios similares. Propuso dejar de lado las lecturas partidarias para alcanzar un texto común, y ponderó “la predisposición del Ministerio de Salud y de la ANMAT para que no quede nadie protegido por las tramas burocráticas del Estado”.

El cierre de la reunión quedó en manos de Alejandro Ayala, familiar de una de las víctimas, cuyo testimonio marcó el tono emocional del final. Agradeció la voluntad política de sostener el trabajo interpartidario y llamó a dar “un ejemplo institucional”. Con voz firme, sintetizó el drama que atraviesan las familias: “Fuimos condenados a muerte y no queremos que otras personas vivan lo mismo”.

El paso siguiente será poner por escrito las conclusiones y recomendaciones legislativas. En la Comisión aspiran a que ese informe represente no solo un diagnóstico, sino un punto de partida para establecer mecanismos reales de control, trazabilidad y prevención en la cadena de sustancias controladas, para que una catástrofe de este tipo no vuelva a repetirse en la Argentina.