A pesar de la causa por narcotráfico Juez apoya a Villaverde porque “ya pasaron 24 años”

En la previa de una de las sesiones más tensas del año, Luis Juez volvió a agitar la interna del Senado con una defensa que dejó descolocados incluso a sus aliados. A dos días de que la Cámara alta decida si permite la jura de la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, el senador cordobés salió a rechazar la impugnación presentada por el PJ y relativizó la causa por narcotráfico que involucró a la legisladora electa en Estados Unidos. Su argumento fue tan simple como polémico: “Pasaron casi 24 años”.

Villaverde enfrenta una imputación por “inhabilidad moral” presentada por el peronismo rionegrino, que recuerda que en 2022 fue detenida y procesada en Estados Unidos luego de que se le encontraran dos kilos de cocaína. El expediente -que finalmente no derivó en condena- se combina con otro punto sensible: sus vínculos con Claudio Ciccarelli, primo de Federico “Fred” Machado, un nombre recurrente en causas de narcotráfico y lavado de activos a ambos lados de la frontera.

Para el PJ, ese entramado configura un cuadro incompatible con una banca en la Cámara alta. Para Juez, en cambio, la discusión debería estar cerrada: “La Justicia americana decidió que el procedimiento fue nulo, la causa se archivó. Jurídicamente es irreprochable. ¿Qué vamos a inventar nosotros?”.

La controversia se amplificó aún más porque el senador no negó la existencia del caso ni relativizó el contexto de la detención: puso el acento en el tiempo transcurrido. “Fue hace casi 24 años”, dijo en una entrevista con Futurock, en un intento por convertir el calendario en el principal criterio de evaluación. Y remató con otra frase que ya quedó instalada en el debate: “La discusión moral debe darse dentro de la ley”.

La suerte de Villaverde depende ahora del voto de los bloques dialoguistas. La Comisión de Asuntos Constitucionales ya había rechazado la validez de su título de senadora electa, pero la definición final se dará en el recinto. Allí, Pro y la UCR tienen en sus manos la llave para inclinar la balanza.

Juez ya avisó que votará a favor de la jura y anticipó que no será el único: calcula que otros cuatro senadores de Pro acompañarán su postura, junto con los 19 de La Libertad Avanza y los dos representantes misioneros del Frente Renovador de la Concordia. Con ese número, la impugnación quedaría prácticamente caída.

El argumento del cordobés apunta también a otro costado: la validación electoral previa. Subrayó que la candidatura de Villaverde nunca fue objetada cuando compitió como diputada en 2023, pese a que para entonces ya había sido detenida en Estados Unidos. “Si la Justicia electoral la habilitó y el pueblo la votó, ¿quién soy yo para arrogarme más poder que el pueblo?”, cuestionó.

Pero no todos comparten esa mirada. En la UCR, donde se prevé otorgar libertad de acción, crece el temor a sentar un precedente delicado: que una impugnación basada en antecedentes judiciales o vínculos polémicos -aunque no haya condena firme- pueda ser usada en el futuro con fines políticos para bloquear la asunción de legisladores electos. Varios senadores opositores repasan antecedentes similares en los que se evitó aplicar un criterio tan restrictivo.

Del otro lado, quienes apoyan la impugnación advierten que permitir que una figura con antecedentes sensibles ingrese al Congreso podría normalizar la influencia de redes vinculadas al narcotráfico en la política nacional. “No es un debate moral caprichoso, es un límite institucional”, sostienen en privado.

En ese escenario de tensiones cruzadas, la frase de Juez quedó como símbolo de una defensa que desató más preguntas de las que respondió. Para el senador cordobés, la distancia temporal alcanza para cerrar la discusión. Para buena parte de la oposición -y también de algunos aliados silenciosos- el problema no es el calendario, sino lo que ocurrió hace 24 años y lo que sigue ocurriendo hoy alrededor de Villaverde.

Este viernes, el Senado tendrá la última palabra.