Milei define fechas cruciales para las sesiones extraordinarias: ¿qué podría pasar?

Con la decisión tomada de convocar a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, el Gobierno entró en la fase más sensible: definir cómo será el período, cuánto durará y qué proyectos tendrá prioridad en un Congreso que estrenará nuevos legisladores. En la Casa Rosada trabajan contrarreloj para cerrar el decreto, que podría publicarse entre el 5 y el 10 de diciembre, según trascendió.

El esquema aún está abierto. La administración libertaria baraja anunciar la convocatoria el viernes 5, apenas después de la jura de los senadores prevista para el 28 de noviembre y la de los diputados programada para el 3 de diciembre. “No está definido, todo es posible”, afirmarn desde el oficialismo, consciente de que el margen político para maniobrar dependerá del mapa legislativo final.

El otro debate interno atraviesa la duración del período. En el corazón de La Libertad Avanza predomina la idea de estirar las extraordinarias lo máximo posible: del 10 al 31 de diciembre, retomar a fines de enero y extenderlas hasta el 28 de febrero. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es el principal impulsor de ese calendario ambicioso, convencido de que el Gobierno debe sesionar incluso durante enero para acelerar el paquete de reformas. “Lo ideal sería trabajar de corrido, pero probablemente arranquemos en diciembre, frenemos a principios de año y volvamos la última semana de enero”, deslizó un legislador libertario.

La prioridad política está clara: sancionar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral que impulsa Federico Sturzenegger, dos piezas centrales del programa de Javier Milei. Pero ese camino ya encuentra resistencia. El sindicalismo, con Gerardo Martínez (UOCRA) como portavoz en el Consejo de Mayo, advirtió que el borrador oficial es “inaceptable” y anticipó que no facilitará la negociación. “No hay consenso. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, aseguró.

Tampoco hubo alineamiento pleno del lado empresario. Martín Rappallini, titular de la UIA, pidió avanzar con mayor dureza en materia de litigios laborales, mientras que el resto de los consejeros optó por un enfoque más equilibrado entre sindicatos y empresas. En Balcarce 50, sin embargo, la posición está cerrada: “El Consejo es consultivo; escuchamos, pero el proyecto lo define el presidente”, remarcaron fuentes oficiales.

La hoja de ruta legislativa tendrá otros componentes. El Consejo de Mayo enviará el 9 de diciembre un documento con los proyectos que materializan el Pacto de Mayo, aunque sin dos capítulos conflictivos: la reforma previsional y los cambios en la Ley de Coparticipación, que quedarán para más adelante. En el borrador de reforma laboral figuran temas pesados: ultraactividad, vigencia y relación de los convenios colectivos, cargas fiscales, financiamiento sindical y empresario, derechos colectivos, trabajo autónomo y democracia sindical.

Además, gobernadores patagónicos y cuyanos presionan para incluir en diciembre la reforma de la Ley de Glaciares, un pedido que la Casa Rosada evalúa incorporar al temario. En cambio, el grueso de la reforma tributaria y del nuevo Código Penal quedaría desplazado hacia febrero.

En la recta final, el Gobierno ordena prioridades y mide el clima en las cámaras. Las extraordinarias serán, en los hechos, la primera prueba de fuerza del nuevo Congreso y del músculo político del oficialismo tras la recomposición parlamentaria de octubre. Milei necesita volumen político. Y diciembre será la primera estación donde se verá si lo tiene.