Se anticipó a Cristina y Máximo: el nuevo proyecto para aliviar el endeudamiento familiar

La diputada nacional Pamela Calletti presentó un proyecto de ley que busca crear un régimen integral de prevención y saneamiento del sobreendeudamiento de consumidores.

Según la autora, que responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz, el 90% de los hogares argentinos está endeudado y más de la mitad destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de deudas.

El texto propone un mecanismo judicial ágil para que las personas puedan renegociar, suspender descuentos abusivos y, en casos extremos, quedar liberadas de obligaciones impagables.

“Esta ley tiene por objeto prevenir el sobreendeudamiento de los consumidores y establecer un régimen ágil de protección y rehabilitación”, establece el artículo 1 del proyecto.

Calletti afirma en los fundamentos que la iniciativa apunta a “garantizar la dignidad de la persona humana y su grupo familiar”, retomando la obligación constitucional de proteger a los consumidores.

En ese sentido, la diputada enmarca la propuesta en una crisis profunda. “La dinámica económica reciente transformó el endeudamiento de los hogares: dejó de ser una herramienta transitoria para la inversión para convertirse en un fenómeno estructural y una estrategia de subsistencia”, explica en los fundamentos, donde advierte que el endeudamiento se concentra en gastos esenciales como alimentos y medicamentos.

Un debate que vuelve: Cristina Kirchner ya había impulsado una ley de “segunda oportunidad”

El proyecto de Calletti aparece en un escenario donde vuelve a instalarse la discusión sobre cómo proteger a familias atrapadas en un ciclo de deudas. La Cámara de Diputados mantuvo a lo largo del año reuniones sobre la temática con expertos y damnificados, pero todavía no se avanzó con un texto unificado.

Recientemente, Cristina Kirchner esbozado la necesidad de avanzar en un proyecto de “Segunda Oportunidad”, inspirado en modelos europeos, para que personas sobreendeudadas pudieran reestructurar o extinguir sus obligaciones sin quedar expuestas a embargos de por vida.

“Nadie puede construir su vida con la soga al cuello. Nadie puede criar a sus hijos, estudiar, trabajar o emprender con tarjetas bloqueadas o con miedo por haber comprado comida”, había explicado la exmandataria.

Y agregaba: “Va a ser necesario algún tipo de programa nacional de alivio de deuda personal. Como ya se ha hecho en otros países y con éxito. Un plan que permita plazos sostenibles y un puente sobre intereses bajo reglas claras y con respaldo del Estado”.

La propuesta de Calletti retoma ese espíritu, aunque con un diseño jurídico distinto y enfocado en relaciones de consumo.

Cómo funcionaría el sistema: suspensión automática de embargos y freno a los descuentos directos

El proyecto plantea un procedimiento judicial rápido. Apenas el consumidor presente la solicitud, el juez deberá ordenar:

• La suspensión inmediata de todas las acciones judiciales, salvo las alimentarias.
• El cese de todos los descuentos directos sobre salarios, jubilaciones o cuentas bancarias, considerados uno de los principales mecanismos de abuso financiero.
• La inhibición general de bienes del deudor, para ordenar el proceso de saneamiento.

“El código de descuento es la principal herramienta de cobro abusivo”, fundamenta Calletti, señalando que muchas entidades otorgan créditos “irresponsablemente, sabiendo que tienen asegurado el recupero mediante descuentos automáticos”, lo que impide al trabajador cubrir sus necesidades básicas.

El proyecto también permite al juez aprobar un plan de reorganización de hasta tres años, o en su defecto una liquidación con liberación total de deudas, salvo las alimentarias.

Proveedores bajo la lupa: información previa obligatoria y responsabilidades por usura

La iniciativa responsabiliza a los proveedores de crédito: deberán verificar la capacidad de pago del consumidor, ofrecer comparativas de costos y entregar todos los documentos contractuales en un máximo de cinco días. Si actúan con usura o negligencia, “el proveedor será responsable por los daños y perjuicios” y el juez podrá incluso “reducir sus acreencias” o quitarle privilegios en la negociación.

También se declara nulo todo reconocimiento de deudas prescriptas, y se facilita que el consumidor acceda gratuitamente a la documentación necesaria.

FA