En la última sesión del Senado bonaerense quedó aprobado el proyecto impulsado por el diputado Marcos Di Cesare, que establece la prohibición de ingreso a casinos, salas de juego y bingos de toda la provincia a quienes figuren como deudores alimentarios en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La iniciativa avanza ahora hacia su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
La norma, compuesta por siete artículos, dispone en su artículo 1° que “queda prohibido el ingreso a casinos, salas de juego de azar y de bingo en toda la Provincia a aquellas personas que se encuentren en condición de deudores alimentarios y estén incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
El proyecto se apoya en lo establecido por la Ley 13.074, que regula el funcionamiento del RDAM, y obliga a los concesionarios y administradores de todos los establecimientos de juego a verificar la situación de cada persona que intente ingresar.
El artículo 4° es contundente: “Los titulares de casinos, salas de juego de azar y de bingo deberán consultar el Registro antes de permitir el ingreso. En caso de que una persona se encuentre inscripta, se le deberá prohibir el acceso”.
La ley encomienda al Poder Ejecutivo garantizar a los establecimientos el acceso inmediato al registro para poder cumplir con el proceso de verificación. Además, establece un esquema de sanciones para los casos de incumplimiento que va desde apercibimientos hasta multas equivalentes a entre 10 y 100 salarios mínimos, según la gravedad o reincidencia de la falta.
El Ejecutivo también será responsable de definir la autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo la supervisión y el control del sistema. La reglamentación deberá publicarse dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley.
La iniciativa se inscribe en un conjunto de medidas que distintos distritos del país vienen impulsando para reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, incorporando restricciones que impacten directamente en la vida cotidiana de los deudores.
Desde el oficialismo remarcaron que se trata de “una herramienta concreta para proteger a niños, niñas y adolescentes” y para “generar consecuencias efectivas frente a quienes eluden sus responsabilidades parentales”.
Con el aval del Senado, la provincia de Buenos Aires suma así un nuevo mecanismo para presionar a los deudores alimentarios y garantizar el cumplimiento de las cuotas, esta vez restringiendo el acceso al circuito de juego legal en territorio bonaerense.
FA