Modelos en tensión
30/11/2025 - Edición Nº1027
Internacionales
Quiebre institucional
Pedro Castillo a prisión: ¿cómo afectará al futuro de Perú?
28/11/2025 | El fallo de 11 años y 5 meses expone el alcance real de un liderazgo que llevó a Perú al borde del colapso democrático.
Pedro Castillo
La sentencia contra Pedro Castillo por conspiración para la rebelión no es apenas un capítulo más en la saga política peruana: es la validación judicial de que el expresidente protagonizó uno de los ataques más serios al orden constitucional desde el retorno de la democracia. El 7 de diciembre de 2022, Castillo no actuó como un mandatario en crisis, sino como un líder dispuesto a quebrar las bases del Estado para mantenerse en el poder. Su decisión de disolver el Congreso, intervenir la justicia y gobernar por decreto configuró un intento de ruptura institucional deliberado.
El fallo del Poder Judicial, que lo condena a 11 años y 5 meses de prisión, refleja la contundencia de las pruebas y la necesidad de marcar un límite claro frente a quienes usan la investidura presidencial como arma de presión contra las instituciones. La narrativa de persecución que su entorno intenta instalar no resiste la evidencia: Castillo actuó sin respaldo legal, sin fuerza militar y sin legitimidad política. Fue destituido de inmediato porque su maniobra carecía de todo sustento constitucional.
Perú
Perú es un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las alturas de los Andes.
Un liderazgo construido sobre el caos
Castillo llegó al poder con un discurso de reivindicación social, pero rápidamente su gestión se convirtió en un catálogo de improvisaciones, designaciones fallidas y conflictos internos. Su administración acumuló ministros cuestionados, escándalos de corrupción, disputas internas y un manejo errático de la política económica. Lo que comenzó como la promesa de un gobierno popular terminó en un deterioro acelerado de la confianza pública.
El intento de golpe fue el punto final de un proceso marcado por la inestabilidad y la incapacidad de gobernar. No se trató de un error táctico, sino de la consecuencia lógica de un liderazgo que confundía legitimidad electoral con un cheque en blanco. La condena, por lo tanto, no solo sanciona un hecho puntual, sino la trayectoria de un presidente que hizo del desgaste institucional su principal marca.
Hoy el Poder Judicial confirmó lo evidente: Pedro Castilo intentó un Golpe de Estado y será condenado por ello. Aún cuando la pena impuesta sea de solo 11 años y aunque se esperaba una sanción ejemplar, queda claro que Castillo actuó como un presidente nocivo y dispuesto a… pic.twitter.com/YW0k4BPSPh
— 🇵🇪 Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) November 27, 2025
Impacto político y mensaje democrático
La sentencia es un mensaje inequívoco para el sistema político peruano y para la región: los intentos de subvertir la democracia tienen costos. En un país donde cinco expresidentes han sido procesados, encarcelados o investigados, este fallo reafirma que la justicia puede operar incluso frente a quienes han ocupado el máximo cargo del Estado. Es un paso necesario para recuperar credibilidad y reconstruir un tejido institucional golpeado.
El castigo a Castillo podría contribuir a estabilizar el escenario político si logra cerrarse la etapa de impunidad percibida por vastos sectores de la ciudadanía. Sin embargo, persistirá el desafío de evitar que su figura sea utilizada como bandera de victimización por movimientos extremistas que buscan capitalizar el descontento social.
🚨La sentencia contra Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y otras exfuncionarios por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
— PrensaPeruanaMermelera (@PrensaPMermlera) November 27, 2025
Pedro Castillo 11 años
Betssy Chávez 11 años
Anibal Torres 6 años 8 meses por… pic.twitter.com/wyECO1kDyW
Una oportunidad para reconstruir
Perú enfrenta ahora la tarea de encaminar su política hacia un proyecto institucional más firme, basado en la legalidad y la responsabilidad pública. La condena a Castillo marca un antes y un después: no solo cierra el capítulo de un liderazgo fallido, sino que abre un espacio para que las fuerzas políticas demuestren que aprendieron de la crisis.
El futuro dependerá de si el país es capaz de transformar esta sentencia en un punto de inflexión real. De lograrlo, el caso Castillo quedará como un recordatorio de que la democracia peruana, aunque frágil, mantiene mecanismos para defenderse de quienes buscan desbordarla desde dentro.
