La sorprendente expansión de distritos en Paraguay que ocultan redes criminales

La creación acelerada de nuevos municipios en Paraguay durante las últimas dos décadas dejó de ser un proceso meramente administrativo para convertirse en un factor que redibujó el equilibrio territorial. Según investigaciones recientes, al menos 36 distritos fueron habilitados desde inicios de los 2000, muchos de ellos sin cumplir con los criterios mínimos de población o viabilidad establecidos por ley. El fenómeno se concentró sobre todo en áreas rurales y fronterizas, donde la presencia estatal es tenue y la dependencia de economías informales es mayor.

En ese contexto, la apertura de municipios con estructuras débiles permitió que liderazgos locales, a menudo vinculados a redes clientelares, consolidaran posiciones de poder con relativa facilidad. En varios casos, menos de un centenar de votos bastaron para acceder a cargos que administran recursos públicos y autorizaciones clave. Esa fragilidad institucional fue aprovechada por grupos criminales que encontraron en estos espacios un mecanismo para formalizar su influencia y operar bajo amparo estatal.

Paraguay

Expansión irregular y captura local

La investigación periodística subraya que de los 36 distritos creados, 16 surgieron en departamentos considerados zonas rojas, incluyendo Amambay, Canindeyú y Concepción. En al menos doce de ellos no se cumplió el mínimo de habitantes exigido, lo que revela una lógica de expansión impulsada más por intereses políticos que por planificación territorial. La instalación de intendencias, juntas municipales y administraciones básicas generó una oferta de cargos que actuó como palanca para redes partidarias y operadores con alto nivel de influencia local.

La captura se manifestó en episodios concretos. En municipios recién creados, varios intendentes o aspirantes fueron investigados por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas o vínculos con clanes fronterizos. La estructura municipal convirtió actividades ilícitas en plataformas de legitimación, permitiendo a estas redes controlar permisos, licitaciones y el flujo de recursos públicos, elementos esenciales para consolidar la dominación territorial. La ausencia de controles externos robustos amplificó este proceso.

Pedro Juan Caballero, capital del departamento del Amambay.

Costos institucionales y consecuencias futuras

A nivel nacional, la proliferación desordenada de distritos erosiona la capacidad de fiscalización del propio Estado. Municipios con baja capacidad administrativa dependen del financiamiento central sin generar servicios adecuados, lo que crea un círculo de precariedad que favorece la penetración criminal. El debilitamiento de estándares mínimos también dificulta que organismos de control puedan monitorear el uso de recursos o detectar irregularidades en tiempo real.

La capital del departamento de Canindeyú es Salto del Guairá. Se encuentra en el noreste de Paraguay y es conocida como un importante centro de turismo de compras debido a su cercanía con Brasil. 

La continuidad de este esquema abre un riesgo estructural para la gobernabilidad paraguaya. Sin reformas que revisen la creación de nuevos municipios, fortalezcan la participación ciudadana y establezcan auditorías preventivas, el país podría ver consolidarse enclaves donde la autoridad formal opera en paralelo con estructuras criminales. Blindar el territorio exige frenar la fragmentación oportunista y reconstruir el vínculo entre legalidad, institucionalidad y representación local.