Washington volvió a quedar en shock tras el ataque a dos soldados de la Guardia Nacional en pleno centro de la capital estadounidense. El tiroteo ocurrió a solo dos cuadras de la Casa Blanca, en una zona de máxima vigilancia, cuando un joven abrió fuego contra una patrulla que integraba el refuerzo de seguridad desplegado en la ciudad.
Los militares atacados eran dos efectivos de la Guardia Nacional de Virginia Occidental: Sarah Beckstrom, de 20 años, quien falleció horas después del ataque, y su compañero de 24 años, que sigue en estado crítico. Estaban asignados a tareas de apoyo operativo en las calles de Washington. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital: la más joven murió horas más tarde y su compañero permanece en estado crítico.

Beckstrom formaba parte del contingente más joven desplegado en Washington y llevaba apenas unas semanas asignada a tareas de patrullaje urbano. Había ingresado a la Guardia Nacional durante la pandemia y era considerada una soldado disciplinada, comprometida y con proyección dentro de su unidad. Su muerte generó un fuerte impacto en su base de Virginia Occidental, donde su familia y compañeros la describen como una joven dedicada y profundamente orgullosa de servir.
El atacante fue identificado como un hombre de 29 años que había llegado a Estados Unidos tras la caída del gobierno afgano en 2021. Durante la guerra, había colaborado con unidades especiales estadounidenses, lo que le permitió ingresar en un programa de reubicación destinado a proteger a excolaboradores que podían enfrentar represalias en su país. Aunque en aquel momento fue considerado un perfil de “riesgo bajo”, su adaptación en territorio estadounidense no fue sencilla: vivía sin empleo estable, atravesaba problemas personales y había mostrado comportamientos erráticos en los últimos meses.
Su caso encendió alarmas porque pertenece a un grupo de migrantes cuyo ingreso fue altamente supervisado, pero cuya integración posterior quedó en manos de diferentes agencias y organizaciones civiles. La investigación ahora analiza si el atacante tenía antecedentes psicológicos que pasaron desapercibidos o si actuó motivado por factores ideológicos, resentimientos personales o deterioro emocional. Para las autoridades, su historia representa un desafío recurrente: cómo garantizar que los programas de reubicación funcionen sin generar vulnerabilidades en materia de seguridad interna.

El hecho ocurrió en la intersección de 17th Street NW, un corredor clave entre la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y la zona de oficinas gubernamentales. Es un área que concentra cámaras, patrullas mixtas y presencia militar constante, lo que vuelve aún más inquietante la facilidad con la que el atacante logró acercarse y abrir fuego.
Desde mediados de 2025, la Guardia Nacional fue desplegada en distintas ciudades como parte de un plan federal para reforzar la seguridad urbana. Aunque suele intervenir en desastres naturales y emergencias, su presencia en patrullajes civiles no es habitual y ha reactivado una discusión histórica en Estados Unidos: el límite entre seguridad interna y militarización de las calles.
Este despliegue tiene antecedentes sensibles. En 1957, durante la integración escolar en Arkansas, y en 2020, tras las protestas nacionales, la participación de fuerzas militares en tareas domésticas generó fuertes cuestionamientos sobre constitucionalidad, proporcionalidad y derechos civiles. El ataque reabre esa discusión en un contexto político especialmente polarizado.
Tras conocerse la muerte de la soldado, la Casa Blanca anunció el envío de cientos de efectivos adicionales a la capital y la revisión de los procesos de residencia otorgados en los últimos años. También se ordenó analizar los antecedentes de personas que ingresaron bajo programas especiales creados durante la retirada estadounidense de Afganistán. El caso llega en un momento en que la seguridad nacional y la política migratoria son temas centrales. La combinación de ambos —un ataque armado contra soldados, cometido por un inmigrante reubicado bajo programas federales— generó un terremoto político inmediato.

El episodio ocurre en un escenario donde la violencia con armas de fuego es uno de los mayores desafíos del país. Estados Unidos registra más de 600 tiroteos masivos anuales según organizaciones locales, y Washington D.C. atraviesa un aumento de delitos violentos que motivó el refuerzo de controles en zonas estratégicas. Aun así, los ataques contra personal militar dentro de la capital son extremadamente inusuales.
Las autoridades todavía no confirmaron el móvil del atacante, pero investigan si actuó solo, si conocía a las víctimas o si tenía vínculos con organizaciones extremistas. Por el momento, la hipótesis principal es la de un ataque individual. Mientras avanza la investigación, el episodio dejó nuevamente expuestas las fragilidades de la seguridad en uno de los puntos más custodiados del país y reavivó discusiones de larga data:
¿Debe la Guardia Nacional participar de patrullajes civiles?
¿Cómo manejar programas migratorios sensibles sin estigmatizar comunidades enteras?
¿Qué implica que un ataque armado ocurra tan cerca de la sede del poder ejecutivo?
Lo cierto es que el tiroteo no solo dejó una muerte y un herido muy grave: también expuso tensiones políticas y sociales que atraviesan a Estados Unidos desde hace décadas y que vuelven a estallar en pleno centro de su capital.