A partir del 1° de enero de 2026, el Gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema de subsidios para la electricidad, el gas y las garrafas, que reemplazará al sistema vigente desde 2022.
La Secretaría de Energía publicó los lineamientos del programa en el Boletín Oficial y abrió una consulta pública por 15 días hábiles, paso previo a su implementación formal.
El cambio llega en un contexto de presión fiscal y reclamos de los usuarios por el encarecimiento de las tarifas. También marca la salida definitiva del modelo de segmentación por niveles (N1, N2 y N3): el Estado ya no dividirá a los hogares en tres grupos, sino que solo habrá dos categorías: los que seguirán recibiendo subsidios y los que deberán pagar el costo pleno.
La variable central para determinar quién accede al beneficio será el ingreso total de la familia, que no podrá superar tres canastas básicas totales (CBT), hoy equivalentes a unos $3,6 millones. Ese umbral reemplaza al anterior, que llegaba a 3,5 CBT.
Los hogares que ya figuraban en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) serán migrados automáticamente al nuevo sistema y podrán actualizar la información con una declaración jurada mensual.
Pese a la continuidad general para los sectores de menores recursos, habrá un recorte: unas 140.000 familias de ingresos medios dejarán de recibir ayuda estatal. Son usuarios que hoy integran el segmento N3 y que quedarán fuera del nuevo filtro socioeconómico.
Energía volvió a remarcar que seguirá analizando el patrimonio de los beneficiarios (inmuebles, vehículos, consumos de dólares o gastos incompatibles) para evitar asignaciones indebidas, un problema recurrente de los últimos años.
En el caso de la electricidad, los usuarios que califiquen tendrán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño. Los consumos por encima de esos límites pagarán tarifa plena.
Esta modificación implica una reducción del volumen subsidiado: hasta ahora, los hogares de ingresos bajos recibían el 100% de subsidio sobre 350 kWh y los de ingresos medios, sobre 250 kWh. El Estado cubrirá así un bloque más chico y con menor intensidad.
Para los usuarios de mayores ingresos, se viene un cambio importante: aunque se los considera “no subsidiados”, en la práctica pagaban un precio monómico inferior al costo real. Desde enero deberán abonar el valor completo de la energía, lo que supondrá ajustes adicionales.
El nuevo esquema aplicará la bonificación del 50% entre abril y septiembre, cuando el consumo residencial se dispara por el frío. El resto del año no habrá subsidios: todos los usuarios pagarán el precio pleno del gas, fijado en US$3,80 por millón de BTU.
A diferencia del esquema anterior, el valor del gas para los hogares será constante durante los 12 meses, mientras que industrias y comercios seguirán enfrentando precios estacionales (US$4,50 en invierno y US$2,90 en verano).
Durante enero de 2026 habrá un subsidio extra del 25%, tanto para electricidad como para gas, que irá reduciéndose 2 puntos por mes hasta desaparecer en diciembre.
El Gobierno incorporará al nuevo sistema a los 3,36 millones de usuarios del Programa Hogar, que deberán reinscribirse en el RASE.
Los beneficiarios recibirán:
El nuevo esquema busca profundizar la baja en subsidios que el Gobierno viene ejecutando desde 2023. Ese año representaban 1,5% del PBI,en 2024 bajaron a 1%,en 2025 cerrarían en 0,65%,y la meta para 2026 es reducirlos al 0,5% del PBI.
El retiro será gradual: en enero el Estado cubrirá el 75% del precio mayorista de la energía; en febrero, el 73%; y así sucesivamente hasta llegar al 50% en diciembre de 2026.
Para buena parte de los usuarios subsidiados, el impacto será suave en verano por los bajos niveles de consumo. Pero para los hogares sin beneficio, especialmente los de ingresos altos, el ajuste será más visible desde el inicio.
Qué pagarán los usuarios
Según Energía, con el nuevo esquema:
Gas (invierno):
El mensaje oficial
Desde la Secretaría de Energía afirman que el objetivo es “ordenar la política de subsidios, cuidar los recursos públicos y concentrar la ayuda en los usuarios vulnerables, bajo un esquema transparente y previsible en el impacto de las facturas”.