Agenda ONU
29/11/2025 - Edición Nº1026
Internacionales
Control electoral
El fallo que podría cambiar la narrativa de Gustavo Petro en Colombia
28/11/2025 | El órgano electoral sancionó a la estructura de campaña del presidente por exceder topes legales, reactivando tensiones institucionales y el debate sobre la legitimidad electoral.
Gustavo Petro.
La decisión del Consejo Nacional Electoral de declarar culpable a la campaña presidencial de Gustavo Petro por exceso de financiación en 2022 reconfigura un debate que nunca terminó de cerrar. El fallo, votado por mayoría, determinó que la operación electoral del Pacto Histórico sobrepasó los límites permitidos por la ley, una conclusión que impacta de lleno en la narrativa de transparencia que acompañó al proyecto oficialista desde su llegada al poder. Más allá de las sanciones económicas, el caso revive interrogantes sobre la capacidad del sistema de control para supervisar campañas que, por su volumen, concentran poder político y recursos.
Aunque el presidente no fue sancionado debido a su fuero constitucional, la resolución afecta a figuras centrales como el exgerente Ricardo Roa y a los partidos que integraron la coalición. Este matiz jurídico, lejos de diluir el impacto, complejiza el escenario: el CNE logra sancionar a los operadores, pero queda atado de manos frente al mandatario. Esa dualidad alimenta percepciones mixtas sobre la fortaleza institucional, mientras opositores y aliados interpretan la decisión en clave política.
Colombia
Colombia es un país del extremo norte de Sudamérica. Su paisaje cuenta con bosques tropicales, las montañas de los Andes y varias plantaciones de café.
Investigación y responsabilidades
La investigación, iniciada tras denuncias sobre irregularidades en reportes financieros, concluyó que la campaña superó los topes por más de 5.300 millones de pesos entre ambas vueltas. El CNE identificó aportes no declarados, contribuciones de fuentes prohibidas y un manejo contable que no reflejaba con exactitud el flujo real de recursos. Para la entidad, estos hallazgos comprometen la integridad del proceso electoral y justifican las sanciones impuestas sobre quienes administraron la campaña. El fallo, sin embargo, evita personalizar en el presidente cualquier responsabilidad directa.
El debate jurídico se intensificó cuando la Corte Constitucional recordó que las investigaciones contra un jefe de Estado deben pasar por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esa disposición limitó el alcance del CNE, que solo pudo actuar contra funcionarios y partidos. La coexistencia de dos vías —una administrativa, otra político‑disciplinaria— abre un vacío operativo que refleja tensiones históricas entre órganos de control y que podría demorar cualquier implicación adicional.
Con una votación de 6-3, el @CNE_COLOMBIA concluyó que la campaña 2022 de @petrogustavo hizo trampa para ganar.
— La Silla Vacía (@lasillavacia) November 27, 2025
Hubo violación de topes, financiación con fuentes prohibidas y gastos no reportados por 3.698 millones en ambas vueltas.
Los detalles aquí https://t.co/kNn3ZKPPRS pic.twitter.com/z5HuxLOpVq
Repercusiones políticas
El efecto inmediato del fallo se proyecta sobre el capital político del oficialismo. Aunque no compromete la permanencia del presidente, revive cuestionamientos sobre la transparencia de su ascenso al poder y alimenta narrativas opositoras que buscan erosionar su legitimidad. Para la coalición, el episodio implica asumir costos reputacionales en vísperas de futuros ciclos electorales, especialmente si se profundiza la percepción de que la campaña ganó con ventajas financieras indebidas.
De la forma como se llega al poder, así se gobierna.
— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 27, 2025
La sanción del CNE a la campaña del presidente Petro nos muestra que la corrupción empezó antes de llegar a la Casa de Nariño. Lo mínimo es que Ricardo Roa salga del gobierno. pic.twitter.com/Dx1Qewu1AF
Más allá de las tensiones coyunturales, el caso podría precipitar reformas al sistema de financiación política. El uso de recursos no reportados y las lagunas en la atribución de responsabilidades muestran un andamiaje legal insuficiente para supervisar campañas cada vez más complejas. Si el Congreso toma el fallo como punto de partida, podría consolidarse un rediseño regulatorio que fortalezca la vigilancia y reduzca ambigüedades sobre quién responde por qué en un proceso electoral.
