La decisión de España de integrarse formalmente a la negociación entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo reconfigura la arquitectura diplomática sobre la que se sostenía el proceso. El ingreso de un actor europeo, con capacidad de interlocución y presencia de redes criminales vinculadas en su territorio, introduce nuevos equilibrios y expectativas dentro de una mesa que ya operaba en un contexto complejo. Para el Gobierno de Petro, el movimiento representa una apuesta por reforzar la legitimidad internacional de su estrategia de paz total.
El traslado de la negociación a Doha, exigido por el propio Clan del Golfo, delineó un escenario inédito donde la neutralidad territorial se convirtió en condición mínima para avanzar. La presencia de España profundiza ese enfoque y envía un mensaje a los demás actores del conflicto: el proceso se internacionaliza, y con ello aumentan tanto las oportunidades de presión como los riesgos de fragmentación interna. En paralelo, los pilotos de desescalamiento en cinco municipios buscarán probar la capacidad real de transformación territorial.
La adhesión española coincide con un momento en que diferentes actores, desde Noruega hasta Qatar, ya respaldaban técnicamente las conversaciones. Sin embargo, España aporta una dimensión particular: en su territorio operan células logísticas y financieras asociadas a redes colombianas, lo que le otorga un interés directo en la estabilización del proceso. Este vínculo convierte su rol en algo más que ceremonial y añade incentivos para promover acuerdos verificables que reduzcan la proyección europea del narcotráfico.
El desafío radica en cómo la ampliación del círculo de mediadores interactúa con la diversidad de conflictos simultáneos en Colombia. A diferencia de las negociaciones con insurgencias políticas, los diálogos con estructuras criminales enfrentan limitaciones de control territorial, economías ilegales persistentes y mandos fragmentados. La participación de España podría fortalecer los mecanismos de monitoreo, pero también generar tensiones internas si es percibida como legitimación de actores cuya base no es política sino económica.
Cinco narcotraficantes que exportaron más de 20 toneladas a Europa, fueron capturados, tres en España y 2 en Colombia, en operación conjunta de lanpolicía colombiana con la española. Entre ellos Juan Pablo Prada, alias Black Jack, del Clan de Golfo pic.twitter.com/MZmBB8y4i7
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2025
El avance del proceso dependerá, en gran medida, de la capacidad del Gobierno para coordinar simultáneamente las mesas abiertas con el ELN, las disidencias y otros grupos criminales. La multiplicidad de frentes agrega incertidumbre y exige una gobernanza más robusta, capaz de evitar que un acuerdo sectorial genere efectos adversos en regiones donde conviven varias organizaciones armadas. España podría actuar como puente para consolidar compromisos multilaterales, pero no resolverá por sí sola la fragilidad institucional en zonas periféricas.

A corto plazo, la presencia española puede elevar los costos diplomáticos de un eventual rompimiento y mejorar la trazabilidad de los compromisos. No obstante, el éxito real del acuerdo con el Clan del Golfo dependerá de la capacidad de desmontar sus economías ilícitas y de garantizar seguridad para las comunidades. La internacionalización del proceso abre oportunidades, pero también expone la negociación a intereses externos cuyo alineamiento no siempre coincide con las urgencias sociales del territorio colombiano.