Piden 8 años de cárcel por explotación sexual en el microcentro porteño

El alegato del fiscal general Miguel Ángel Osorio y la auxiliar Sabrina Cabrera reveló una trama aberrante: durante años, la estructura que administraban Walter Rivero y su padre, Hugo —fallecido durante el proceso—, funcionó como un circuito de explotación sexual sostenido con amenazas, violencia y complicidad policial.

Según la acusación, Rivero captó a una joven mediante una falsa oferta laboral y, junto a su padre, la obligó a prostituirse en condiciones de control absoluto. La mujer, que logró denunciar lo ocurrido antes de morir en 2011, relató situaciones de hostigamiento, golpes y restricciones permanentes.

A la vez, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que quedó probado el funcionamiento de una red que promovía y facilitaba la prostitución de al menos 15 mujeres más en tres bares ubicados en Suipacha, Esmeralda y Maipú. Allí, según los testimonios, las víctimas eran seleccionadas por su vulnerabilidad —jóvenes, solas, con problemas económicos o migrantes— y sometidas a reglas impuestas por los Rivero: atraer clientes, acompañarlos, compartir copas y, si había pago adicional, bailar, realizar masajes o mantener relaciones sexuales.

Para sostener los locales, afirmó la fiscalía, Walter Rivero contaba con el aporte de agentes de la por entonces Comisaría 3ª de la Policía Federal. Uno de ellos, el oficial Cristian José Bernal, está imputado por recibir dádivas para garantizar la protección de los bares.

Por él, la fiscalía pidió una pena de seis años de prisión. En el debate se escucharon audios en los que Bernal advertía sobre inspecciones inminentes y aconsejaba cómo evitar que se identificara a los responsables.

El Tribunal Oral Federal N°1 —integrado por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg— escuchó también el pedido de la fiscalía para absolver a un hombre y una mujer que habían llegado a juicio como encargados de los locales: ella fue considerada víctima, amparada por la ley de trata, y él no tenía pruebas en su contra.

Además de las penas, el Ministerio Público Fiscal requirió reparaciones económicas: más de 108 millones de pesos destinados a la hija de la denunciante fallecida y otros 291 millones para el Programa Nacional de Reparación Integral a Víctimas de Trata. “La víctima se vio obligada a prostituirse por su extrema situación de vulnerabilidad económica, afectiva y social, y porque Hugo y Walter Rivero eran hombres poderosos, que actuaban con complicidad de las fuerzas policiales”, afirmaron.

El juicio, que unificó dos causas iniciadas hace más de una década, ya escuchó a 105 testigos. Las defensas expondrán sus alegatos el próximo lunes, antes de que el tribunal pase a deliberar sobre las responsabilidades y eventuales condenas.