Los países offshore: libertarianismo al palo

Las últimas noticias del caso $LIBRA vuelven a colocar en primer plano algo más grande que una estafa cripto: la dificultad de los Estados para lidiar con redes financieras informales que operan, literalmente, fuera de mapa. El nuevo capítulo es el fideicomiso “The Libra Trust”, lanzado por Hayden Davis y constituido en una jurisdicción offshore no identificada, amparado por secreto y sin datos básicos sobre su funcionamiento: no se sabe en qué país está radicado, bajo qué figura opera ni qué legislación lo regula, pero sí se invita a pymes argentinas a dejar sus datos y una billetera en la red Solana para recibir fondos desde ese limbo jurídico.

La secuencia tiene precisión quirúrgica. El dominio del fideicomiso se registró después de que la Justicia de Nueva York levantara un primer congelamiento sobre activos ligados a la demanda colectiva contra Davis, y el anuncio público del “trust” se hizo horas antes de una nueva audiencia clave. En esa instancia, la defensa informó que la estructura se montó fuera de Estados Unidos y de la Argentina, en un paraíso fiscal, y evitó especificar dónde. En paralelo, en los tribunales argentinos el juez redujo las cautelares sobre bienes de los imputados a embargos mínimos, mientras la arquitectura offshore se desplegaba una capa más lejos del alcance local.

Lo que aparece es una brecha cada vez más visible entre lo formal y lo informal. De un lado, los procedimientos clásicos: expedientes, exhortos, comisiones investigadoras que no terminan de arrancar. Del otro, un circuito que salta de un tuit presidencial a grupos de Telegram, de exchanges cripto a un fideicomiso en una plaza remota, con contratos en blockchain y formularios web como única puerta de entrada. Las jurisdicciones offshore funcionan como una gran herida abierta en la soberanía estatal: permiten mover capitales, reescribir el origen del dinero y reacomodar responsabilidades lejos de los países donde se generaron las ganancias y donde quedaron los perjudicados.

Ahí también se desnuda una fragilidad ideológica. El universo libertario suele presentar al Estado, la ley y las instituciones formales como un problema, un obstáculo para la libertad de los individuos. Pero en tramas como la de $LIBRA lo que se ve es lo contrario: cuando lo formal se debilita o se desprecia, crece el campo de juego de redes informales que concentran poder sin controles equivalentes. Si el contrato, el registro, la jurisdicción y la trazabilidad son vistos como burocracia y no como garantías, el único límite real pasa a ser la capacidad técnica para programar un token, abrir sociedades en cadena y esconder capitales al otro lado del océano.

El fideicomiso offshore de Libra no es solo un intento de rebranding financiero después del escándalo: es la escena donde se cruzan tres capas de época —cripto, redes sociales y paraísos fiscales— sobre un Estado que llega siempre un paso tarde. Y deja una conclusión incómoda para cualquier republicanismo serio: sin instituciones fuertes y sin capacidad efectiva para intervenir sobre estas zonas grises, el “mercado libre” termina siendo, en los hechos, el terreno más cómodo para quienes mejor saben moverse por fuera de toda regla.