La Legislatura bonaerense aprobó esta semana la ley que establece el llamado “INCAA bonaerense”, una estructura opuesta al repliegue y recorte aplicado por Nación sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
La norma —avalada con amplio consenso político pese al clima legislativo caliente por el Presupuesto y la Ley Fiscal— declara la actividad audiovisual como sector estratégico, crea un Fondo de Fomento de $675 millones e incorpora un Servicio Audiovisual Provincial, un Consejo asesor representativo y una red de salas y programas de formación.
Mientras que la administración bonaerense busca blindar políticas de desarrollo, empleo y producción cultural, el gobierno libertario continúa avanzando con recortes, reducción de convocatorias, cambios administrativos y un achicamiento profundo del INCAA, que sectores del cine denuncian como un proceso de desfinanciamiento sin precedentes.
El contraste es nítido: para Kicillof, el audiovisual es economía del conocimiento y motor de exportaciones; para Milei, la cultura debe sostenerse con reglas de mercado, aportes privados y un Estado reducido al mínimo.
El nuevo organismo se convierte así en un capítulo más de la disputa política entre Nación y provincia. Mientras Buenos Aires busca potenciar producción e identidad en su territorio, la retirada nacional obliga al resto del país a replantear la sustentabilidad del sector. La llamada “batalla cultural” vuelve a escena, esta vez con proyectos y presupuestos en juego.
ND