Un grupo de diputados del kirchnerismo presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detalle el estado de sus prestaciones médicas y las deudas acumuladas con prestadores públicos y privados en distintas provincias.
El proyecto lleva las firmas de Pablo Todero, Carlos Cisneros, Lorena Pokoik, Ariel Rauschenberger, Cecilia Moreau, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Carolina Yutrovic, Juan Manuel Pedrini, Victoria Tolosa Paz, Roxana Monzón, Blanca Osuna y Sabrina Selva, entre otros.
La iniciativa surge ante denuncias por suspensión de prácticas médicas, demoras en turnos y fallas en la provisión de medicamentos, problemas que, según los legisladores, se registran desde hace meses en distintos puntos del país.
Entre los hechos citados en los fundamentos, los diputados destacaron el caso de Neuquén, donde el gobierno provincial confirmó el inicio de acciones judiciales contra el PAMI para reclamar más de $1.000 millones adeudados por prestaciones brindadas en el sistema público. Según el ministro de Salud neuquino, Martín Regueiro, “una de cada cinco camas ocupadas del sistema público corresponde a pacientes del PAMI que podrían haber sido atendidos en clínicas privadas”.
También se mencionan suspensiones de cirugías oftalmológicas, recortes en consultas esenciales y falencias en la atención en provincias como Mendoza, donde hubo interrupciones en servicios traumatológicos y problemas en la principal clínica oftalmológica de Guaymallén.
El proyecto alerta además sobre un deterioro en la cadena de pagos vinculada a la provisión de medicamentos. La deuda global superaría los $400.000 millones.
El titular del Colegio de Farmacéuticos cordobés, Germán Daniele, advirtió que “PAMI naturalizó demorar los pagos y no cumplir los cronogramas”, lo que coloca al sector en una situación crítica y repercute directamente en la atención a jubilados y pensionados.
Los diputados afirman que distintos prestadores confirmaron que el organismo estaría limitando la cantidad de prácticas y estudios autorizados, tanto para pacientes como para instituciones.
Este esquema -señalan- funciona como un recorte encubierto que obliga a miles de afiliados a pagar consultas que superan los $30.000, un monto equivalente a casi el 10% de un haber mínimo.
El pedido de informes exige al PAMI que detalle, entre otros puntos:
Para los diputados firmantes, la reiteración de estos casos en múltiples provincias demuestra que el PAMI estaría aplicando políticas de ajuste que “resienten los servicios, provocan atención limitada o suspendida y rompen la cadena de pagos” en el sistema sanitario.
En ese marco, reclamaron el acompañamiento de sus pares para avanzar con el pedido de informes y obtener precisiones oficiales sobre la situación del organismo.
FA