La advertencia de la Contraloría General de Paraguay sobre las irregularidades en el Hospital de Clínicas reabrió un debate que trasciende fronteras. El informe preliminar, que detectó pérdidas superiores a G. 2.200 millones en medicamentos y fallas estructurales en el control de insumos, instaló la preocupación sobre la vulnerabilidad administrativa de uno de los centros asistenciales más importantes del país.
El hallazgo, aunque aún sujeto a descargos, encendió alarmas institucionales al sugerir que las omisiones registradas podrían constituir hechos punibles. La mezcla de medicamentos vigentes y vencidos, el desorden en los depósitos y la ausencia de un sistema informatizado robusto mostraron una fragilidad que no solo compromete patrimonio público, sino también la seguridad de los pacientes.
La situación paraguaya se integra a un mapa más amplio de deficiencias sanitarias latinoamericanas. Auditorías en Brasil, Perú y Argentina han revelado patrones similares: depósitos deteriorados, controles manuales, sobreprecios en compras y fallas que terminan judicializándose. Estas coincidencias evidencian un ecosistema de gestión hospitalaria vulnerable, en el que la trazabilidad de los medicamentos sigue siendo uno de los puntos más críticos.
En todos estos casos, las pérdidas económicas se combinan con riesgos sanitarios significativos. Países vecinos también han documentado medicamentos vencidos almacenados junto a lotes vigentes, compras adjudicadas a proveedores sin capacidad técnica e infraestructura inadecuada para fármacos sensibles. La reiteración de estas irregularidades sugiere una problemática sistémica más que episodios aislados.

Las advertencias actuales obligan a reconsiderar la gobernanza hospitalaria en Paraguay y la región. Más allá del perjuicio presupuestario, lo que está en juego es la integridad del servicio público y la confianza en instituciones que sostienen la atención sanitaria. La repetición de los mismos errores en distintos países muestra que las reformas no pueden limitarse a auditorías puntuales, sino que requieren marcos estables de control y profesionalización.

Si el caso de Clínicas avanza hacia el terreno penal, podría convertirse en un precedente clave para fortalecer estándares de rendición de cuentas en el sistema de salud. La comparación regional aporta una señal: cuando los controles fallan de manera sistemática, el costo recae tanto en el Estado como en los ciudadanos, que dependen de una red hospitalaria capaz de garantizar insumos seguros y bien administrados.